Bruselas exige algo más que declaraciones. Editorial de CincoDías.com

Las reglas del juego están cambiando en Bruselas a ritmo vertiginoso, aunque esto no se haya plasmado en tratado alguno. Formalmente, España superó ayer el examen al plan de ajuste impuesto por la UE el pasado 9 de mayo con un recorte del gasto de 15.000 millones de euros, 5.000 millones este año y 10.000 millones más el próximo. Sin embargo, a los ojos de los socios comunitarios el esfuerzo español no es suficiente, por lo que han amonestado políticamente a España, exigiendo al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que demuestre un ajuste adicional del déficit presupuestario en 2011 equivalente al 1,75% del PIB nacional.

Semejante advertencia, impensable antes de la crisis griega, deja patente que la Comisión Europea ya no se conforma con paños calientes y ha dado por finalizada la política de complacencia. Detrás de esta inusual dureza se adivina la mano de hierro de Alemania que no está dispuesta a seguir avalando desmanes de sus compañeros en la divisa común, pagando facturas derivadas de unos presupuestos ineficientes y tendentes al derroche. Y no le faltará razón si también sabe discriminar porque, una vez más, hay que recordar que España no es Grecia.


La Comisión Europea considera, tras el examen a España, que el techo de gasto presupuestario de 122.000 millones de euros para el próximo año garantiza ya un punto de ese 1,75% de recorte del déficit adicional que demanda para 2011. Pero reclama conocer lo antes posible cómo piensa atajar el Gobierno español el 0,75% restante. La vicepresidenta y ministra de Economía no se hizo esperar. A última hora de la tarde, y tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, explicó con claridad meridiana que 0,5 puntos correrán a cargo de las Administraciones autonómicas y locales y el resto (0,25 puntos) pudiera proceder de un aumento de impuestos como el comentado recientemente por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para las rentas más altas.

Pero la Comisión ha aconsejado, sensatamente, que el ajuste se afronte con mayores recortes de gasto. Por eso, mejor optar por atajar éste y, teniendo en cuenta que las partidas coyunturales están agotadas, lo lógico es que el Gobierno empiece a plantearse recortes estructurales.
Pero los deberes que ha impuesto Bruselas van más allá de los presupuestarios y entran de lleno en las reformas pendientes. El mercado laboral y el sistema de pensiones están en el punto de mira, y en ellos apremia Bruselas transformaciones de calado ya demandadas hace tiempo desde estas páginas. El club del euro se está volviendo cada vez más exigente y selectivo y las declaraciones de intenciones ya no son suficientes.

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