Los futuros Presupuestos Generales del Estado más complejos y comprometidos de la democracia. Sus claves. Séneca

Los ansiados y necesarios PGE (Presupuestos Generales del Estado) para el 2012 están a la vuelta de la esquina. Presentar unos presupuestos que contenten a todos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, se me antoja misión imposible para el equipo económico que lidera el ministro Montoro. Si a los efectos terroríficos de la peor crisis económica padecida por el país en periodo democrático le añadimos las exigencias por parte de Bruselas, que ha fijado el techo de déficit para este año a España medio punto (5.400 millones de euros) por encima de las peticiones de Rajoy hace 16 días, nos encontramos con la irremediable necesidad de Cristobal Montoro de tirar de soluciones impopulares que lastrarán sensiblemente la popularidad, respaldo y confianza del actual ejecutivo.

El presidente del Gobierno partía de la base de que su principal precupación durante este año sería intervenir a las comunidades y a los ayuntamientos para que no se salgan del renglón prefijado por las autoridades comunitarias. Pero se le acumula el trabajo. Los Presupuestos Generales del Estado que aprobará el Consejo de Ministros el 30 de marzo (cinco días después de las elecciones andaluzas y un día después de la huelga general) obligará al Gobierno a repensar las principales partidas de gastos y de ingresos que dependen de la Administración central. Hasta ahora el Estado tenía previsto asumir un ajuste mucho menos agresivo que el que ha impuesto a CCAA y ayuntamientos.

Las opciones que le quedan a Montoro para ajustar los PGE en base a los parámetros que nos imponen desde Bruselas y, sobretodo, la crítica situación económica patria son éstas:


1- Subir el IVA.

Algunos expertos advierten de que las cuentas no cuadrarán inmediatamente sin tocar las principales figuras fiscales. De hecho, 5.400 millones de euros (el esfuerzo adicional que pide la UE) es exactamente lo que consiguió recaudar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en dos años al subir el IVA del 16% al 18%.
Si Rajoy decidiera subir de nuevo dos puntos este tributo (España se encuentra entre los países con los tipos más bajos de toda Europa) se taparía el nuevo recorte del déficit que exige Bruselas. Pero no todo serían ventajas. El Gobierno tendrá que contemplar dos cuestiones si recurre finalmente a esta polémica decisión: elevando el IVA renunciaría a una de sus principales banderas electorales y contribuiría a deprimir más la actividad en esta segunda fase de la Gran Recesión.

2- Elevar impuestos especiales y el de sociedades.

Otra alternativa menos dura sería impulsar subidas de los Impuestos Especiales, centrándose en el gravamen a las gasolinas, el que tiene una mayor fuerza recaudatoria. El alza de estos tributos ayudó al Gobierno a recaudar en 2010 1.190 millones de euros extra y en 2011 833 millones.

Sin embargo, está subida de impuestos no sería suficientes para ajustar las cuentas públicas. ¿El principal escollo? Que el techo de gasto que aprobó ayer el Congreso de los Diputados ya parte de la base de que los ingresos de la Administración General del Estado crecerá un 14% en plena recesión (lo que supone una recaudación extra de 15.000 millones).

Hasta ahora Montoro sólo ha justificado que entrarán en las arcas públicas cerca de 6.000 millones más gracias la subida del IRPF y el endurecimiento de la tributación del ahorro. En definitiva, el Gobierno aún no ha detallado cómo logrará ingresar casi 8.000 millones de euros durante este ejercicio, aunque oficialmente dice que lo conseguirá luchando contra el fraude fiscal y quitándole financiación al resto de las administraciones territoriales.

El impuesto de sociedades se presenta como el gran candidato para ser revisado al alza para ir cuadrando las cuentas del ejecutivo. El problema de dicha medida sería el atacar directamente al débil aparato productivo del país en unos momentos de clara recesión y lacrar aún más la creación de empleo en España. A pesar de tan graves inconvenientes, doy por segura la subida de dicho impuesto... aunque dicha revisión al alza será insuficiente y tendrá que ser implementada por otras medidas que quedan recogidas en este post.

 3- Recortar el techo de gasto del Estado.

Si, para no castigar más a las familias, el Ejecutivo renunciara finalmente a las subidas de impuestos (desoyendo las peticiones de los principales organismos internacionales) otra opción sería recortar el techo de gasto del Estado un 10% en 2012 (y no un 4,7% como ha previsto). El inconveniente es que el ministro de Hacienda se enfrentaría a la cuadratura del círculo. Si la Administración central carga con el ajuste adicional del déficit que exige Bruselas sólo dispondrá de 113.000 millones de euros para gastar en 2012.

Una cantidad pequeña si se tiene en cuenta que la partida para pagar los intereses de la deuda cuesta aproximadamente 30.000 millones de euros al Estado y que cerca de 40.000 millones se dedica a pagar las prestaciones y los subsidios de desempleo. Al Gobierno le quedarían menos de 50.000 millones para sustentar el funcionamiento de los ministerios y otras prestaciones sociales, lo que obligaría a impulsar un ajuste sin precedentes de subvenciones y de personal en la Administración central.

4- Cargar más el ajuste en las comunidades y en los ayuntamientos.

Otra opción sería pedir más austeridad a las comunidades y a los ayuntamientos, algo que sería contraproducente cuando se acaba de impulsar una macrooperación financiera para desempolvar las facturas en el cajón de estas administraciones.

El Gobierno no ha relajado prácticamente el objetivo de estabilidad de los consistorios y a las comunidades sólo les ha permitido un déficit del 1,5% durante este año (frente al 1,3% comprometido con la UE). Con las actuales exigencias de austeridad que el Gobierno ha impuesto a las comunidades, éstas están abocadas a revolucionar la financiación de la sanidad y de la educación. El copago será inevitable. Ante este panorama, Montoro no tiene demasiado margen para cargar con más ajustes a las autonomías, que tendrán que afrontar en los próximos 10 meses un ajuste titánico de cerca de 16.000 millones de euros.

5- Recortar aún más el sueldo de los empleados públicos.

Otra opción igual de sencilla, pero no menos polémica, para recaudar 5.000 millones extra en todo el Estado sería recortar el sueldo de los empleados públicos, una medida que también lastrará el crecimiento ya que hay más de tres millones de personas en España que cobran su nómina de las distintas administraciones. Las administraciones públicas ahorraron 6.800 millones de euros en año y medio con el recorte del 5% al sueldo de los empleados públicos que impulsó Zapatero.