jueves, 15 de marzo de 2012

Ya tenemos huelga general. Sus motivos, objetivos y entresijos. Séneca.


El pasado 31 de enero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo a sus homólogos europeos, en Bruselas, que la reforma laboral le iba a costar una huelga general. Ya está aquí. Los sindicatos CCOO y UGT convocaron el pasado sábado la octava jornada de protesta de estas características de la etapa democrática.


El motivo es la reforma laboral, aprobada por el Ejecutivo el pasado 10 de febrero. Los dirigentes sindicales, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, interpretan que esta norma más otras medidas del Gobierno y las comunidades autónomas muestran la voluntad del poder ejecutivo de "acabar con todo, con los derechos laborales y sociales". Así rezaba ayer el cartel que decoraba la rueda de prensa en la que los dirigentes sindicales anunciaron la huelga general del 29 de marzo.

Toxo y Méndez describieron la protesta como "inevitable, justa y necesaria", ante una reforma del mercado de trabajo que es "brutal y la más regresiva de la democracia". Es decir que "abarata el despido, suprime la tutela judicial para el trabajador, aumenta la precariedad laboral y rompe, a favor de los empresarios, el equilibrio negociador de las relaciones laborales". Y, por último, CCOO y UGT recalcaron que el Gobierno "no ha atendido" sus reiteradas peticiones de negociación.

La fecha del 29 de marzo para la convocatoria del paro se debe a que los sindicatos han calculado que será entonces cuando la tramitación parlamentaria de la reforma laboral "esté en su momento crucial y, por tanto, este es el motivo de mayor peso de haber escogido esa fecha". Hay que tener en cuenta también que en esa fecha también los sindicatos nacionalistas del País Vasco y Galicia ya habían convocado el paro general en las dos comunidades autónomas.

Presupuestos restrictivos


Además, Toxo y Méndez no lo mencionaron en su rueda de prensa, pero hay otros factores que explican la fecha de la huelga. La campaña de la huelga general coincidirá con la presentación de los presupuestos que hará el Gobierno para este mismo año. Presupuestos que serán muy restrictivos para poder reducir el déficit público al 5,2% del PIB y que, previsiblemente, también recortarán el gasto social lo que puede contribuir a calentar el ambiente para la huelga.

Méndez barruntó que las cuentas para 2012 "son transparentes y no merece esperar para convocar la huelga general", a tenor del cuadro macroeconómico, con la destrucción de 630.000 empleos, el techo de gasto y los recortes del Gobierno y de las comunidades autónomas en los servicios esenciales para la sociedad. Otra vertiente de la fecha del paro es que la campaña coincide con las elecciones autonómicas en Andalucía y en Asturias. Especialmente, en Andalucía el PP se juega terminar con treinta años de PSOE en el Gobierno. Con todo, los sindicatos esperan que el paro tenga tal nivel de seguimiento que obligue a cambiar la normativa al Ejecutivo. "El triunfo de la huelga será la modificación de la reforma, no cuánta gente salga a la calle", dijo Toxo.

Y el Gobierno responde que la protesta "no es la solución a la crisis"


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó ayer su "respeto" por la decisión de CCOO y UGT de llamar a la huelga general el próximo 29 de marzo, pero también les avisó de que esa "no es la solución" a la crisis y que, en momentos graves como los actuales, lo que piden los ciudadanos son "esfuerzos constructivos" para mejorar el país. "Las huelgas generales no son soluciones constructivas", indicó la vicepresidenta, que pidió a los sindicatos que tengan en cuenta la situación difícil y "dramática" que vive España. "Un país donde 5,2 millones de personas no pueden trabajar necesita muchas reformas", defendió Sáenz de Santamaría, que aseguró que los cambios en el mercado de trabajo son fruto de una reflexión "meditada, estudiada, profunda y seria". Sin embargo, los dirigentes sindicales recordaron al Ejecutivo que "es la primera vez que un Gobierno recién llegado se encuentra con un acuerdo entre los agentes sociales de profunda moderación salarial y con mecanismos en los convenios para evitar el despido y, sin embargo, lo dilapida". Méndez y Toxo se refirieron así al pacto que alcanzaron el pasado 25 de enero con CEOE y Cepyme y que el Gobierno no ha tenido en cuenta en su reforma laboral. En todo caso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió anoche indirectamente a los sindicatos que el PP no está en el Ejecutivo para "discutir ni para pelearnos con nadie" e insistió que "ahí nadie nos va a encontrar". Rajoy defendió la reforma laboral "para que no vuelva a haber tres millones de despidos, como ha ocurrido en la crisis".

Los cambios legales que irritan a los sindicatos


1-Las empresas de menos de 50 trabajadores podrán hacer un nuevo contrato con un periodo de prueba de un año. Al termino del cual, el empresario podrá optar por hacer indefinido al trabajador o despedirle sin ningún tipo de indemnización.

2-La indemnización máxima por despido improcedente para el trabajador desciende desde los 45 días por año de trabajo, con una cuantía máxima équivalente a tres años y medio de salario, hasta los 33 días de salario, con una cuantía máxima de dos años de salario. En consecuencia, desaparece el contrato indefinido clásico con la indemnización improcedente de 45 días por año.

3-Se facilita el despido procedente por razones económicas. Las empresas podrán despedir por esta razón tan solo cuando su nivel de ingresos o de ventas disminuya durante tres trimestres consecutivos. Incluso, podrán presentar la propuesta ante el juez cuando esta circunstancia se produzca en uno o dos meses. El despido procedente tiene una indemnización para el trabajador de veinte días hasta una cuantía máxima equivalente a un año de salario.

4-Desaparece la autorización administrativa previa para los despido colectivos. El empresario debe limitarse a informar de su decisión a la Administración correspondiente.

5-El empresario podrá modificar condiciones sustanciales de trabajo relacionadas con la competitividad y la productividad, como la jornada, el régimen de trabajo a turnos o el salario, entre otras circunstancias. En el caso individual, el trabajador podrá recurrir ante el juez para evitar el despido. En los casos colectivos, si no hay acuerdo entre la empresa y los trabajadores, las discrepancias podrán someterse a la Comisión de Convenios Colectivos.

6-Los convenios de empresa tienen prevalencia sobre los de sector. Los acuerdos caducados tendrán una prórroga máxima de dos años. Si al final de dos años no hay acuerdo, la empresa se regirá por el sector. Y, si no, por el Estatuto de los Trabajadores.


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