domingo, 22 de abril de 2012

El desguace de las televisiones autonómicas... y RTVE en manos del PP.





 El consejo de ministros aprobó el viernes  un Proyecto de Ley que permitirá a las autonomías desprenderse, total o parcialmente, de sus televisiones regionales, que cuestan más de 1.300 millones de euros anuales al contribuyente. Hasta ahora, las televisiones autonómicas no podían gestionarse con capital privado por Ley, debían de estar financiadas por las administraciones autonómicas con sus propios medios.



MÁS COSTE, MENOS CUOTA
Las cadenas públicas regionales han aumentado sus pérdidas en los últimos años, hasta los 1.300 millones de euros que costaron a los contribuyentes en 2010, entre déficit y subvenciones, y su influencia es cada vez menor, con una progresiva caída de la audiencia. Entre 2005 y 2011, el conjunto de las televisiones autonómicas ha perdido más de siete puntos porcentuales de cuota de pantalla, al pasar del 17,3% al 9,8%.






El Proyecto de Ley permitirá a las comunidades autónomas que lo soliciten renunciar a explotar su televisión y "transformar la habilitación de servicio público en licencia para transferirlo a un tercero", según la referencia del Consejo de Ministros. Las regiones que quieran vender sus cadenas "podrán convocar concursos para la adjudicación de licencias privadas".


Además, se abre la posibilidad a la venta parcial de las cadenas a empresas, para lo que "se modifica el régimen de participación de los prestadores de titularidad pública del servicio de televisión autonómico en el capital social de prestadores privados".




Para las comunidades que decidan mantener sus cadenas, el Proyecto de Ley recoge la posibilidad de su gestión directa, permitiéndose además la cesión total o parcial a terceros de la producción y edición de toda su programación, incluidos los servicios informativos; o la gestión indirecta, es decir, la cesión de todos los servicios.


A las comunidades que mantengan sus cadenas se les aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que supone fijar un límite máximo de gasto anual que no podrá rebasarse y la prohibición de incurrir en déficit. Las cuentas de las televisiones quedarán, además, bajo la supervisión del Gobierno para asegurar el cumplimiento de la norma.


RADIOS Y FÚTBOL
Por otra parte, el Gobierno ratificó ayer el derecho que las emisoras de radio tienen a entrar en los estadios de fútbol para informar en directo sin necesidad de pagar un canon, tal y como pretenden los clubes. Las radios sí deberán abonar los gastos que suponga la entrada y el uso de determinadas instalaciones.



VÍA LIBRE PARA IMPONER AL PRESIDENTE DE RTVE.


El Gobierno no esperará más para consensuar con la oposición al nuevo presidente de RTVE, cargo vacante desde la dimisión de Alberto Oliart, el pasado año. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que permite al Ejecutivo nombrar al presidente del grupo audiovisual estatal sin pactarlo con los partidos de la oposición.


Con la actual legislación, este cargo debe ser aprobado por dos tercios del Parlamento, lo que en la práctica obliga al Gobierno a consensuar un nombre con el PSOE. Así ha ocurrido con los dos últimos presidentes, tanto Oliart como su antecesor, Luis Fernández, consensuados entre el PP y el PSOE en el Gobierno.


Nos libramos de la manipulación giliprogresista, ¿nos espera ahora la manipulación pepera? Ni lo duden.


Con el nuevo Real Decreto, se recupera la posibilidad de nombrar al presidente con mayoría absoluta si no hay acuerdo de los dos tercios del Parlamento. El Ejecutivo justificó esta decisión en el bloqueo institucional que sufre RTVE, con una presidencia rotatoria de su consejo que no pueden aprobar cuentas ni aplicar los recortes presupuestarios previstos.


La decisión del Gobierno fue criticada unánimemente por los partidos de la oposición, los sindicatos y las productoras audiovisuales, que ven un retroceso para la libertad de expresión en el nuevo sistema de renovación, que también se aplicará al consejo de administración de RTVE.


La nueva normativa reduce, además, de doce a nueve el número de consejeros del ente público, que no tendrán dedicación exclusiva, por lo que sólo cobrarán dietas. El sueldo medio de los consejeros es ahora de 110.000 euros al año.





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