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lunes, 11 de junio de 2012

Rajoy, el rescate y las dudas que se van aclarando.



















"Libertad vigilada". Esta expresión que utilizó Mariano Rajoy en 2010 es muy adecuada para definir la situación a la que se enfrenta España después de haber solicitado el sábado un rescate de hasta 100.000 millones de euros para tapar los agujeros de la banca. Hay muchos adjetivos que se han utilizado para definir el salvavidas que recibirá el Estado español: rescate suave, rescate dulce, rescate light... Más allá de estos calificativos, el comunicado del Eurogrupo deja claro que, a cambio de la línea de crédito para recapitalizar las entidades financieras, la UE vigilará aún más de cerca si cabe la evolución del déficit público y de las reformas estructurales del Ejecutivo.


Aunque es evidente que Bruselas no puede prestar dinero a un Estado (que será el que responderá ante Bruselas si los bancos y las cajas no devuelven las ayudas que recibirán del Frob, que administrará las ayudas de Europa) sin estrechar la vigilancia, el Gobierno y las autoridades comunitarias están tratando de alejar el fantasma de Grecia, Irlanda y Portugal. "Si no hubiéramos hecho los deberes, nos habrían intervenido", proclamó ayer Rajoy en el Palacio de La Moncloa. El comisario de Asuntos Económicos también aseguró en Bruselas que "no habrá nuevas condiciones en otras áreas como la política presupuestaria ni reformas estructurales".

Jean Claude Juncker, Presidente del Eurogrupo ayer.

Pero hay matices... el Gobierno tiene razón al afirmar que es un "éxito" tener que pedir un crédito a Bruselas sin que las autoridades comunitarias, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, la famosa troika, pasen a controlar la política económica. Sin embargo, el Gobierno, que se ha ganado la credibilidad de sus socios por las contundentes reformas que ha impulsado en los últimos cinco meses, estará más presionado que nunca.

El comunicado del Eurogrupo es taxativo: "El Eurogrupo confía en que España respetará sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con vistas a corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo". Pero va más allá: "El progreso en estas áreas será revisado de cerca y regularmente en paralelo con la asistencia financiera". Eso sí, se estrechará especialmente la vigilancia sobre las reformas del sector financiero, que desde hace cuatro años sólo han puesto ligeras vendas en una herida abierta en canal. "El Eurogrupo considera que las condiciones de la asistencia financiera deberían centrarse en reformas específicas dirigidas al sector financiero, incluyendo planes de reestructuración en línea con las normas de la UE sobre ayudas estatales y reformas estructurales horizontales del sector financiero nacional", concluye el documento.

Las consecuencias de esta hoja de ruta son evidentes. Ante el más mínimo error a la hora de reducir el déficit del 8,9% del PIB en 2011 al 5,3% en 2012 (un ajuste sin precedentes de 40.000 millones de euros), España tendrá que respetar al milímetro las recomendaciones de las autoridades comunitarias dentro del protocolo de déficit excesivo. Europa ha recomendado a España que endurezca la reforma laboral, que adelante la puesta en marcha de la edad de jubilación, que reforme las políticas activas y las prestaciones de desempleo y que suba el IVA. También habrá que revolucionar la estructura del sector financiero.

DÉFICIT Y DEUDA

Otra de las consecuencias inevitables es el impacto sobre el déficit y en la deuda. Lo que está más claro es que las ayudas que recibirá el Frob del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (el que está ahora en vigor) y del Mecanismo Europeo de Estabilidad (que empezará a funcionar el 1 de julio) podrían aumentar el endeudamiento hasta 10 puntos, lo que dificulta la reducción de la deuda al 60% del PIB de aquí a 2020, tal y como consagra la propia Constitución Española. El déficit también aumentará como consecuencia de los intereses. Guindos lo confirmó el sábado, pero Rajoy lo negó ayer dos veces.

Lo que está claro es que recibir un préstamo de 100.000 millones es una gran responsabilidad, ya que equivale prácticamente al Presupuesto del Estado en un sólo año. Si España agota esta cantidad, deberá sanear sus entidades para que devuelvan una deuda que asciende a cerca de 5.200 euros por hogar. Una factura que, por ahora, ha asumido Rajoy, y no los bancos.

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