13 noviembre 2012

Informe especial sobre la inminente Ley Anti-desahucios



Siento haber tardado tanto en actualizar la bitácora... pero mis queridos pensadores ibéricos no se merecían otra cosa que el mejor informe, y exclusivo de esta web (como todos), sobre el nuevo marco legal referente a desahucios por impago que comenzará a tener vigencia a partir del viernes próximo.

LAS NUEVAS Y ESPERADAS MEDIDAS ANTI-DESAHUCIOS YA ESTÁN SOBRE LA MESA.


El Gobierno y el PSOE llegaron ayer a un acuerdo para paralizar las ejecuciones hipotecarias de familias en riesgo de exclusión social que están actualmente en curso y, además, conceder una moratoria de dos años a todas las que se produzcan a partir de ahora. Algo, esto último, con lo que están de acuerdo las entidades financieras privadas, como puso de manifiesto la Asociación Española de Banca (AEB).


Después de casi seis horas reunidos en la sede del Ministerio de Economía, los representantes de La Moncloa -capitaneados por el subsecretario de Economía, Miguel Temboury- y de la formación socialista -coordinados por su secretaria de Economía, Inmaculada Rodríguez-Piñero- cerraban los flecos de la reforma, sobre cuyas líneas maestras no había disensiones, según relató uno de los seis miembros de la comisión, que se ha creado ad hoc. "Se ha convergido en lo fundamental, pero aún quedan desfases", agregó la fuente al terminar la reunión. Las negociaciones, que pararon poco después de las 23 horas, seguirían hoy.

El acuerdo, que goza de la máxima prioridad, se llevará al Consejo de Ministros de este mismo jueves, y se ampliará con una reforma legal que proteja a los deudores con riesgo de "exclusión social".

Hay que recordar que las ejecuciones hipotecarias acumuladas desde 2009 ascienden a 168.534. La morosidad hipotecaria se sitúa, según los últimos datos oficiales, en el 3,1%.

Se trata de la primera gran medida social consensuada por los dos grandes partidos políticos, tras la alarma social que se ha creado a raíz de los suicidios de personas que iban a ser desahuciadas, en particular el de Amaia Egaña, que se lanzó por una ventana cuando iba a ser desalojada de su vivienda en Barakaldo (Vizcaya).

El suicidio de esta mujer ante su eminente desahucio, Amaia Egaña, en Barakaldo, ha sido el detonante principal que ha dado pie a las nuevas medidas anti-desahucios.  
Desde Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ahondó en que las medidas que se van a tomar intentarán "que ninguna familia que vaya de buena fe se quede sin techo como consecuencia de la crisis". Y resaltó la consonancia entre Gobierno y PSOE con respecto a esta reforma: "Estamos todos en el mismo barco".

Y a ese consenso se sumó ayer el sector financiero. La AEB dio un paso al frente y anunció el "compromiso" de las entidades, "por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social, de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". Así se lo trasladó el pasado jueves el presidente de la AEB, Miguel Martín, al secretario de Estado de Economía y Competitividad, Fernando Jiménez Latorre, "ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios".

En un comunicado, la AEB reveló que dicho compromiso ha sido "objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados". Esto se debe a las reticencias a que se frenen las ejecuciones que ya están en los tribunales. Por último, la AEB se mostró "a disposición del Gobierno, del PSOE y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario".

EL PSOE PIDE "PERDÓN"
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha liderado las protestas contra los desahucios, respondió a este anuncio de la AEB asegurando que es un "parche" como el Código de Buenas Prácticas actual, ya que no se especifica a quiénes se considerará como personas en circunstancias de "extrema necesidad".

Rubalcaba ha pedido perdón por no haber sido su partido, tras 7 años de gobierno, el que tomara las nuevas medidas anti-desahucios a pesar de que la mayor parte de esta crisis que nos asola se ha vivido bajo el mandato socialista.  

Por su parte, el PSOE pidió ayer "perdón" a través de su cuenta de Twitter por no "haber reaccionado antes" ante el problema de los desahucios. Y su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, apunto en un mensaje colgado en Facebook: "Teníamos que haberlo hecho cuando estábamos en el Gobierno. Tomamos medidas, pero fueron a todas luces insuficientes", dijo.


... Y LOS ALCALDES YA HAN COMENZADO A PARAR LAS EJECUCIONES.

Los alcaldes se han sumado a la lucha política contra los desahucios, tanto de forma particular como a nivel global. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) respaldó ayer de forma oficial las iniciativas que están llevando a cabo los ayuntamientos "para paliar el drama de los desahucios" y las "situaciones de emergencia social" derivadas de estos.



En un comunicado, el presidente de la Femp, Íñigo de la Serna, aseguró que los gobiernos locales "no son insensibles ante los dramas personales y familiares que padecen aquellos ciudadanos que se ven afectados por un desahucio".

La Femp ha terciado en el debate porque no son pocos los casos de consistorios que han paralizado o boicoteado las ejecuciones hipotecarias. Ayer se sumaron dos tan importantes como los de Vigo y Zaragoza. Así, el alcalde de la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch, anunció que la Policía Local de Zaragoza no volverá a colaborar en los procedimientos judiciales dirigidos al desahucio de personas o familias de la ciudad hasta que no se regule de nuevo el proceso con criterios sociales, según informó Efe. Esto es algo que ya ocurría en Montoro (Córdoba) desde junio. Es decir, hace más de cinco meses desde que se produjera el último desahucio.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha prohibido a los  policías locales de su ciudad a colaborar en cualquier procedimiento de desahucio con los juzgados. 
Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, manifestó su "voluntad" de retirar las cuentas municipales de las entidades que ejecuten desahucios y, por ello, dio instrucciones a la concejala de Hacienda para incluir en los concursos públicos la condición de que los desahucios de viviendas sean "causas de resolución del contrato de forma inmediata".

Algo que ya anunció el domingo el Ayuntamiento coruñés de Ares y que ha pedido el PSE para todos los municipios del País Vasco.

LA JUNTA SACA PECHO
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, cifró en "más de 300" los desahucios "paralizados" en la comunidad "en algo más de tres meses gracias a la intervención de la Junta".

La ATA ha solicitado una medida similar para pequeñas empresas y autónomos y combatir así al otro gran dama nacional: la terrible tasa de paro del 25% que asola España. 

Por último, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos emplaza a la Administración Pública a que paralice los embargos de locales y viviendas en propiedad de trabajadores por cuenta propia mientras los organismos públicos les sigan adeudando facturas. En un comunicado, ATA considera "no muy lógico" que se obligue a una empresa a no ejecutar un impago mientras que la propia Administración "sigue sin conceder una moratoria en la ejecución de los suyos".


LAS ENTIDADES BANCARIAS YA HAN COMENZADO A ACATAR EL FUTURO E INMINENTE MARCO NORMATIVO.


El clamor popular en contra de los desahucios ha forzado a las entidades a mover ficha. Así, dos ejecuciones hipotecarias previstas para ayer en Arteixo (La Coruña) fueron paralizadas a solicitud de los bancos propietarios de las viviendas (uno de ellos, BBVA).


Desde el banco han confirmado que comparten la postura de la asociación de la banca, AEB, y que sus casos de ejecución hipotecaria son "mínimos".

Por su parte, Sabadell ha anunciado que mantendrá con la CAM su política de no realizar desahucios. De este modo, ayer decidió paralizar la ejecución hipotecaria de una vivienda del barrio de Orriols de Valencia ante la que se habían concentrado más de 200 personas. El banco Sabadell recordó este fin de semana en una nota que "hasta la fecha no ha realizado ningún desahucio".

A LA ESPERA

Novagalicia también ha anunciado que paralizará los desahucios hasta que entren en vigor los cambios legales que regularán las ejecuciones. Una iniciativa que se extiende a varias entidades y que el presidente de Caja Cantabria, Eduardo Zúñiga, califica como "muy acertada". Caja Duero ha comunicado que no ejecutará los desahucios cuando se trate de familias en situación límite. También se ha pronunciado en este sentido el ex miembro del Comité Ejecutivo del BCE, José Manuel González Páramo, que señaló ayer que las deudas con los bancos "se pueden retrasar cuando hay una razón de fuerza mayor".

El consejo de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria (Ceiss) también ha suspendido la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables.

Catalunya Caixa ha ido más allá y ha aumentado voluntariamente la futura batería de medidas anti-desahucios  a aplicar sobre las entidades bancarias.

Por otro lado, CatalunyaCaixa ha rebajado el precio del alquiler social de sus viviendas y ha ampliado esta medida a todas las familias desfavorecidas con las hipotecas, con el objetivo de evitar ejecuciones hipotecarias. La entidad paralizó en marzo todos los procesos de desahucio.


ANTE LA NUEVA NORMATIVA LA U.E SE LAVA LAS MANOS Y TEME POR EL ENCARECIMIENTO DEL RESCATE FINANCIERO CON LAS NUEVAS MEDIDAS ANTI-DESAHUCIOS.


La Comisión Europea observa con interés los planes del Gobierno para aliviar el drama de los desahucios. Oficialmente, el Ejecutivo de la UE no se ha pronunciado al respecto, pero fuentes comunitarias aseguran que cualquier cambio en la normativa hipotecaria deberá respetar los principios sobre los que pivota el rescate de la banca española: las entidades que reciban dinero público deben contar con un plan que las haga viables, hay que minimizar la factura a la que debe hacer frente el contribuyente y las ayudas no deben distorsionar la competencia.



"Estos tres principios son los que rigen todas las decisiones de la Comisión Europea sobre la recapitalización de la banca española", aseguró esta fuente, al ser preguntada sobre un posible cambio en la normativa hipotecaria española que pudiera penalizar a las entidades financieras.

IMPACTO EN LAS ENTIDADES

En el caso de un posible cambio en la normativa de desahucios, los dos primeros puntos son los que podrían generar más problemas. Sobre la viabilidad de las entidades, toda medida que tenga impacto en balance o cuenta de resultados afectará a los modelos de negocio en los que se basan los planes de recapitalización.

Comienza a ser "Vox Populi" en Bruselas que si estas medidas antidesahucios encarecen el rescate a la banca española, dicha plusvalía tendrá que ser asimilada por los contribuyentes españoles exclusivamente.

Además, hay otros problemas colaterales, como el impacto que las medidas anti-desahucio pueda tener en activos como las titulizaciones hipotecarias, que cuentan con los inmuebles como garantía adicional para los inversores. Si las medidas que adopta el Gobierno resquebrajan la confianza de los inversores en esta clase de activos, una de las vías de financiación más utilizadas por la banca en los últimos años se vería seriamente dañada.

El desvío de la ruta trazada por los planes de recapitalización está directamente relacionada con el segundo punto: cómo minimizar el impacto de la factura que asume el contribuyente.

Si los cambios en el modelo hipotecario español erosionan la cuenta de resultados y el balance de las entidades, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), como su principal accionista, sería el que tendría que asumir las pérdidas o inyectar nuevo capital. Y como el Frob es una entidad pública, serían los contribuyentes quienes acabarían asumiendo esos números rojos.


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