Amnistía Fiscal: Donde dije Digo, digo Diego.

La directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Beatriz Viana, dijo ayer por primera vez que Hacienda va a investigar las cerca de 30.000 declaraciones de la amnistía fiscal y no descartó incluir la investigación de la amnistía en el Plan de Control Tributario de 2013 que prepara, lo que antes negaba. 

Se trata de la primera vez que Hacienda declara que se van a investigar las declaraciones de la amnistía de forma masiva. El Fisco ha seguido la estrategia del palo y la zanahoria con la amnistía. Por un lado, ha dado todo tipo de facilidades para atraer a los contribuyentes y ha reiterado que no se iba a investigar. Por otro, ha endurecido las normas contra el fraude. La presión del caso Bárcenas ha acelerado el proceso de comprobación de la amnistía, que los expertos auguraban que se iba a producir para casos en los que hubiera dudas sobre el origen de los fondos. Sin embargo, este proceso no iba a ser masivo, de hecho, no podía serlo ya que la propia normativa que ha generado Hacienda –de forma que los fiscalistas han criticado por improvisada– prohíbe que se miren declaraciones de forma masiva o que se haga una investigación general.

Tanto el ministro, Cristóbal Montoro, como el resto de altos cargos del Ministerio han negado en numerosas ocasiones que se fuera a realizar una comprobación aislada de la amnistía. Sin embargo, aunque Hacienda ha repetido que el informe que establece que no se puede investigar la amnistía de manera masiva es completamente vinculante, los inspectores han advertido de que esta norma no tiene rango de ley y podría ser soslayada.

El estallido del caso Bárcenas ha colocado a Hacienda en una situación complicada, ya que la oposición le acusa de crear el proceso a medida para los defraudadores, en concreto, para el extesorero del PP Luis Bárcenas y para la cúpula del caso Gürtel si como investiga la Audiencia Nacional también se han acogido.

Hacienda debe extremar los controles en la lucha contra el fraude –como así ha hecho con distintas normas que acaba de lanzar– y colaborar en todo lo posible con la Justicia. Pero este celo y la presión del escándalo Bárcenas no justifican un viraje que suponga una comprobación masiva de declaraciones porque significaría que el Estado cambia sobre la marcha las reglas del juego que ha creado, lo que asestaría un golpe a la seguridad jurídica. Si algo bueno se puede extraer de esta situación es que en el futuro las amnistías fiscales no tendrán recorrido en España ante la inseguridad que este proceso ha generado.