El Gobierno intenta lavar su imagen con un apretón de manos con sindicatos y patronales.

El Gobierno está asustado con el fuerte deterioro del mercado laboral. La realidad ha superado sus cálculos más pesimistas. Y no tanto por el crecimiento del paro, al borde los seis millones de personas –el 26% de la población activa– como por la fuerte destrucción de empleo. El año pasado cayeron 850.000 puestos de trabajo y, lo que es más preocupante, con un ritmo creciente. Máxime, cuando los datos del último trimestre de 2012 reflejan un agravamiento de la recesión, hasta caer un 0,7% en dicho periodo. Cada vez es más relevante la falta de financiación de las empresas,el impacto social de los duros ajustes y el hundimiento del consumo. Hay cohortes enteras de población en el paro más absoluto, inflando la economía sumergida o marchándose del país, tanto extranjeros como españoles.

Es verdad que el Ejecutivo dice que la creación de empleo comenzará en el último trimestre del año, o primero de 2014, pero no parece que, entre las virtudes del Gobierno, esté el cumplimiento de las previsiones. De hecho, en el primer mes, la depresión ya se ha llevado por delante la mayoría de los pronósticos para 2013.

En este contexto de paro desbocado y creciente malestar social, el Gobierno, a través de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha comenzado el acercamiento con las patronales CEOE y Cepyme; los sindicatos CCOO y UGT, y también con las organizaciones de autónomos. El Ejecutivo busca una foto y el consenso con los agentes sociales en la nueva estrategia que prepara sobre el empleo juvenil y sobre los emprendedores. Báñez puede decir que habla constantemente con unos y otros, pero lo cierto es que, tanto los empresarios, como los sindicatos, en el nuevo mandato del PP no sólo se han sentido ignorados, sino también agredidos. Ignorados, porque, prácticamente, sin ser consultados, se han encontrado en el BOE muchas de las decisiones económicas y sociales.

Por esta razón, patronal, sindicatos y organizaciones de autónomos aprovechan todas las oportunidades que tienen para agradecer públicamente al Gobierno que ahora sí cuente con ellos. Los agentes sociales se han sentido agredidos por el Ejecutivo, porque no sólo han recibido un fuerte recorte de las subvenciones, sino que además han tenido que soportar que, tanto el Gobierno como el PP, les despreciasen al decir que no representan a nadie y que viven de la sopa boba, a costa de los fondos de formación y de otros capítulos de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el mundo da muchas vueltas y son ahora el Ejecutivo y el PP los que tienen que soportar acusaciones de corrupción, a la espera de que la Justicia aclare todo el caso Bárcenas. Bien dice el refranero que “arrieritos somos y en el camino nos encontraremos”. 

En todo caso, la presión de la Comisión Europea y del Parlamento de Estrasburgo sobre España para que rebaje con urgencia el elevado desempleo juvenil, han obligado al Gobierno a hacer pública su última reunión con la patronal y los sindicatos en el diálogo social. Es importante reseñar que están en paro 960.000 personas entre 16 y 24 años. El 55% de la población activa de este grupo social.

50.000 contratos para emprendedores es un resultado insignificante en un país que ha destruido casi 1.000.000 de puestos de trabajo en el 2012. Pica las gráficas para ampliar.

Incluso, con las negociaciones para reformar los contratos eventuales y a tiempo parcial, para luchar contra el desempleo juvenil, el Gobierno da la razón a los agentes sociales reconociendo el fracaso del contrato temporal para emprendedores que puso en marcha con la reforma laboral, y que entró en vigor hace un año. Ocurre que, en las presentes circunstancias, los empresarios no se atreven a hacer fijo al trabajador y temen que tengan que devolver las ayudas al cabo del tiempo.

En todo caso, es difícil que, después de la huelga general del 25 de noviembre, los sindicatos acepten más flexibilidad en la contratación, y los empresarios, un retroceso en la reforma laboral.  Incluso, ambas organizaciones y los colectivos de autónomos quieren que el Gobierno explique cómo va a financiar las medidas de apoyo a los emprendedores y a la contratación de parados. Falta la memoria económica. También es verdad que, ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo puede tirar por la calle de en medio. Vaya, lo que viene siendo un decretazo, que diría un castizo.