Nadie quiere auditar las cuentas del Partido Popular.

“Del dicho al hecho hay un trecho”, aseguró ayer un ejecutivo de una de las Cuatro Grandes firmas de auditoría (Deloitte, PwC, KPMG y Ernst Young), diez días después del anuncio del Partido Popular (PP) de encargar una revisión externa de sus cuentas. Lejos de ser una opinión aislada en el sector, este refrán refleja a la perfección el sentir de la mayoría de los auditores.

Hay varias razones detrás de su escepticismo. La primera es que, al cierre de esta edición, nadie en la profesión se atrevía a decir qué firma se encargará de llevar a cabo la revisión de los balances del PP. Además, ni siquiera se conoce exactamente el tipo de trabajo que el partido de Gobierno pretende encargar.

“Una auditoría se realiza, por definición, sobre las cuentas anuales formuladas por una organización. Por lo tanto, es imposible que, fiscalizando el balance del partido, se arroje luz sobre existencia de un supuesto fraude. Es evidente que el dinero en B no se audita”, explica la misma fuente.

Sin embargo, todas las auditoras medianas y grandes cuentan con importantes departamentos de investigación de fraudes (forensic), integrados por profesionales expertos, a menudo procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos equipos han tenido un papel destacado en el asesoramiento de entidades de todo tipo, que buscaban esclarecer episodios oscuros de su gestión. Uno de los casos más sonados es el de Ernst&Young, que ayudó al nuevo equipo de la SGAE en su investigación interna, tras la imputación de su expresidente Teddy Bautista por apropiación indebida y administración fraudulenta.

Pese a contar con esta línea de servicios, varias fuentes de la profesión indican que, aunque el PP quisiera realmente llevar su ejercicio de transparencia hasta el final, sin importar las posibles consecuencias, este trabajo sería muy comprometedor para la firma a la que se adjudicara el contrato. “Se trataría de buscar hechos que pueden ser penalmente relevantes en la mismísima sede y entre los dirigentes del partido que gobierna el país”, asegura un directivo de una empresa del sector.

Otra fuente va, incluso, más allá: “No sé si aceptaríamos semejante encargo, en el caso de que se nos ofreciera, porque nos veríamos entre la espada y la pared. Por un lado, estaríamos realizando un trabajo muy incómodo, que podría hacernos perder muchos potenciales clientes en el sector público. Por otro, si nuestra investigación no alcanzara la máxima profundidad, la credibilidad de la firma se vería en entredicho, tanto en España, como en el extranjero”. Y todo esto, por muy poco dinero. En el sector coinciden que un trabajo de investigación de fraudes en el Partido Popular sería remunerado entre pocas decenas y pocos centenares de miles de euros, frente a los varios millones que se pueden facturar con los grandes contratos consultoría de revisión de cuentas del sector público. 

Algunos expertos en auditoría explican que hay otra posible salida a esta situación. Según ellos, el PP podría encargar la investigación sobre sus cuentas no a una firma, sino a un profesional independiente de reconocido prestigio, que tendría menos inconvenientes que una sociedad en investigar a fondo las cuentas del partido.