Un 92% de los abogados españoles piensan que los políticos tratan de manipular la Justicia.

Un 92% de los abogados aseguran que en España los gobiernos, del partido que sean, exhiben más interés en tratar de controlar la Justicia o de influir sobre ella que en buscar fórmulas o maneras  de mejorar su funcionamiento, para conseguir modernizarla y hacerla más eficiente. Este contundente dato, extraído del Barómetro interno de opinión de la abogacía española presentado ayer por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), muestra el evidente malestar que existe entre los letrados nacionales en cuanto a la influencia ejercida por el Ejecutivo en el sistema jurídico actual.

Sin embargo, y a pesar de esta opinión, dos de cada tres letrados encuestados creen que los jueces saben sortear las presiones y consiguen desempeñar sus funciones con independencia y honestidad. Los letrados también se muestran muy críticos sobre el desempeño de la Justicia. De hecho, el 74% de los abogados opina que ésta funciona mal o muy mal. “La Justicia no cuenta con los medios suficientes para ser todo lo eficiente que debería ser. Seguimos sin tener un lenguaje común entre tribunales y la organización es cuanto menos deficiente”, explicó Carlos Carnicer, presidente del CGAE.

“Por otro lado, existe un problema de gobernanza, en la Justicia manda el ministro, el presidente del Poder Judicial y cada uno de los consejeros de justicia de las comunidades autónomas. No es extraño que esta difícil gobernanza repercuta en el criterio de los abogados”,añadió.

Pica para ampliar

Cambio legislativo

Por todas estas razones, apunta el informe, un 83% de los encuestados reclama una profunda revisión de la legislación procesal que sirva para agilizar el funcionamiento de la Justicia. Además, el 88% de los abogados piensa que los posibles medios alternativos de resolución de conflictos, que podrían descargar a los tribunales y agilizar su funcionamiento, siguen sin estar adecuadamente establecidos y potenciados. Los 2.904 abogados españoles encuestados para elaborar este informe también han sido muy críticos con la polémica ley de tasas. Para el 92%, éstas llevarán a muchas personas a renunciar a defender sus derechos por razones económicas y el 86% cree que darán lugar a una justicia dual: por un lado, para ricos y desfavorecidos y por otro, el resto de la sociedad. Además, el 80% piensa que las tasas no van a disuadir a quienes hacen un uso inapropiado de los tribunales con fines dilatorios, una conducta que, para otro 80%, se evitaría estableciendo tasas que penalicen estas prácticas.

Por otro lado, tres de cada cuatro abogados que llevan casos de justicia gratuita creen que con los actuales recortes en las retribuciones del turno de oficio va a ser imposible mantener la misma calidad del sistema y un 90% considera que la justicia gratuita debería financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado y no mediante las tasas.

Crisis en el sector

Como explicó Carnicer, las tasas judiciales ya han empezado a afectar a la profesión. “Muchos clientes han renunciado a interponer recursos, ya que no pueden hacer frente al importe y esto se ha notado en los casos que llegan a los tribunales. En Zaragoza, por ejemplo, en el último mes las causas en lo contencioso administrativo han caído un 45%; un 18%, en lo laboral; y un 11,6%, en el orden civil”.

La crisis económica también ha tenido un efecto adverso en los despachos de abogados. Según el observatorio del CGAE, uno de cada tres letrados reconoce que atraviesa dificultades para salir adelante como ejerciente. Este porcentaje se dispara hasta el 77% cuando se pide a los entrevistados que evalúen el efecto de las crisis sobre el conjunto de la profesión.