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domingo, 14 de abril de 2013

Especial Autonomías: juntas, revueltas y enfrentadas, ¿qué fue de aquel café para todos?


Antes de que arranquen oficialmente las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y las diferentes comunidades para dar un giro de 180 grados al actual sistema de financiación, las regiones ya están en pie de guerra. Dos bandos se perfilan para una batalla que se resolverá en los despachos. Un tercer grupo de comunidades se mantiene aún en territorio neutral, esperando atentamente hacia dónde se decanta la balanza. Nadie está satisfecho, ni siquiera quienes salieron claramente beneficiados con el actual sistema, demasiado complejo y arbitrario. Según las fuentes consultadas, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (la famosa LOFCA) que diseñó Pedro Solbes tiene gran parte de la culpa del desfase en el déficit público que ha situado a España al borde del rescate en 2012.

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El grupo de regiones fuertes lo encabezan Cataluña y Madrid, dos comunidades con una renta per cápita muy similar y que, más allá del proyecto soberanista de Artur Mas, buscan que el nuevo modelo de financiación aumente la cesión de los tributos del Estado a las CCAA, que reduciría la aportación neta al resto de autonomías. En otro bando se encontrarían Castilla y León, Castilla- La Mancha, Aragón, Galicia y Andalucía, que tienen como nexo común la dispersión de la población y, en algunos casos, el envejecimiento, por lo que, argumentan, sus servicios básicos son más caros de mantener que en el resto.

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A la espera de que se cree el grupo de trabajo con las autonomías para analizar el resultado del modelo vigente, la negociación parte ya contaminada por dos elementos concretos: el primero, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha soliviantado a varias regiones insinuando el establecimiento de límites de déficit asimétrico que favorecerían a ciertas CCAA incumplidoras. El segundo, las sospechas de que el Gobierno empezará las negociaciones con regiones como Madrid o Cataluña, en este último caso, para rebajar la tensión independentista. La crítica es clara: unas negociaciones políticas para tender puentes con el Ejecutivo de Artur Mas o para apagar un foco de rebeldía en el propio PP no pueden marcar una sistema de financiación futuro que quiere presumir de duradero. “Se quiere hacer un traje a medida de unos pocos”, se queja un portavoz del Ejecutivo de Canarias.

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Sea como sea, a pesar de los independentistas y los díscolos, la realidad es que no hay dinero. Hacienda, ceñida a una senda de austeridad, ya ha señalado que no reformulará el sistema incrementando las aportaciones del Estado a las CCAA como hizo en el pasado, con lo que el beneficio de unas será el castigo de otras. “No hay más dinero; el que ganen unos lo perderán otros”, señala el consejero de Hacienda de Aragón, José Luis Saz.

Las posturas iniciales parecen irreconciliables. Sin embargo, el camino no ha hecho más que comenzar. Según Ángel de la Fuente, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hay dos prioridades claras. La primera, “hacer un reparto más igualitario y más justo de la tarta”, y aceptar un principio de ordinalidad: “El sistema no debería cambiar el orden en términos de recursos tributarios por habitante ajustado”, explica. El segundo reto es “obligar a las comunidades a aceptar su mayoría de edad fiscal”. Si necesitan más dinero para poner en marcha nuevos servicios tienen que pedírselo a sus votantes y asumir los costes políticos.

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Lo preocupante es que la mayoría de las comunidades quiere lo contrario: que la Administración central les dé “más dinero por las buenas”, sin ningún coste para ellas. De hecho, la batalla por la financiación de servicios básicos como la sanidad y la educación no entiende de colores políticos. Aunque Montoro no se ha pronunciado en público, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo ha puesto sobre la mesa la opción de ceder el 100% del Impuesto sobre la Renta (IRPF) a las regiones, lo que de facto perjudicaría al grupo de regiones encabezado por Castilla y León y Aragón.

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Madrid pide un “modelo que aporte recursos suficientes para que las comunidades puedan prestar los servicios públicos que tienen encomendados”. “Dichos recursos pueden aportarse a las comunidades por la vía de la ampliación de la cesta de impuestos o el incremento de los porcentajes de cesión de tributos, aumentando la corresponsabilidad fiscal”, señala un decálogo que ha elaborado el departamento que dirige Enrique Ossorio. La región que preside Ignacio González también reclama que se establezcan reglas de reparto ecuánimes y actualizadas para la distribución de recursos provenientes de los impuestos no territorializables.

La consejera de Hacienda de Castilla y León es optimista y espera un modelo totalmente nuevo. Pilar del Olmo no ve demasiado bien la cesión de impuestos sin que se amplíen los mecanismos niveladores de la financiación. Y avisa de que aumentar la cesión de impuestos sin aumentar los fondos de solidaridad, suficiencia y garantía supondría una merma para las comunidades con menos recursos. También pedirá que se compense a las regiones en el nuevo sistema si sale adelante la reforma local, que obliga a las comunidades a sufragar los servicios impropios que prestan los consistorios.

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El consejero de Aragón indica que el criterio poblacional, que actualmente supone el 97% de la distribución, no puede ir a más, porque regiones con población dispersa y poco densa tienen más dificultades para mantener los mismos servicios. Galicia defiende que “lo lógico es cuantificar el coste efectivo de los servicios prestados”, pues las características de esta comunidad, con una enorme dispersión y alto envejecimiento de la población, provocan que tenga mayores costes en la prestación de servicios públicos. Canarias por su parte, reivindica valorar más la insularidad y periferia.


España debe remodelar el viejo café para todos y con el problema de siempre: las cucharadas de azúcar no caerán a gusto de todos.


Con el actual sistema de financiación las grandes beneficiadas son Cataluña y Andalucía

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El sistema de financiación actual es “extremadamente complejo” y, sobre todo,“opaco”, en boca de un alto cargo autonómico. Tal es la incertidumbre a la que se someten los gobiernos regionales que, hasta dos años después del ejercicio liquidado, no se sabe exactamente de qué cantidad se dispuso en realidad.

La parte fácil del sistema es la participación porcentual en los grandes impuestos, como el IVA o el IRPF, en los que la mitad pertenece a las CCAA, además de otros tributos parcialmente o totalmente cedidos. Pero luego entra en juego un difícil entramado de fondos ideado para repartir solidaridad entre las regiones y que se articula mediante criterios de capacidad tributaria, población o territorio.


El último dato analizado, según las cuentas de 2013, sitúa a Andalucía y Cataluña como las autonomías más beneficiadas del sistema de financiación común –seguidas de Madrid–, del que País Vasco y Navarra están exentas por tener un régimen foral.

El pastel de repartición es este año de 86.973 millones de euros. Andalucía obtiene 15.967 millones, el 18,3% del total. Cataluña consigue 15.777 millones, también por encima del 18%, mientras que la Comunidad de Madrid obtiene una cifra considerablemente menor, de11.476 millones, el 13,2%. Se trata de las tres autonomías más pobladas y con mayor peso en el PIB español, por lo que es lógico que entre ellas se lleven casi el 50% de los fondos extraídos de la cesta común.


Pero aquí terminan las similitudes. Mientras Cataluña y Madrid son claramente aportadoras, Andalucía sale beneficiada del sistema. El Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales (destinado a asegurar la prestación de la sanidad y la educación, por ejemplo) es el primero de los fondos niveladores entre comunidades, una vez se ha estipulado el porcentaje (igual para todas) que se les va a detraer de sus impuestos. En 2013 hay cuatro autonomías aportadoras netas, mientras que el resto resultan beneficiaras de él. Se trata de Madrid, aportando 2.500 millones; Cataluña, con 718 millones; Baleares, 187 millones, y Cantabria, con 16 millones. En el último ejercicio liquidado, 2010, todas las autonomías recibieron una transferencia gracias a una aportación extra que hace el Estado, de 8.000 millones. Otros mecanismos de compensación son el Fondo de Suficiencia Global y los fondos de Cooperación y Competitividad.

Cataluña y Madrid, quienes abanderan las quejas por un sistema que consideran notablemente injusto, porque tras la nivelación su capacidad tributaria por habitante salen muy perjudicadas. La primera crítica que le provoca un déficit estructural (la recaudación que que se lleva el Estado y que nunca volverá) cercano al 9%, mientras que Madrid denuncia que el sistema es injusto porque este año, sin motivo aparente, se quedó sin 1.000 millones de euros.


Evolución

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), datada en 1980,marca el inicio oficial de los quebraderos de cabeza para repartir un dinero, ahora escaso. Aunque sin capacidad normativa, las CCAA gozaban de un porcentaje de participación sobre los impuestos, mientras que otros eran tímidamente cedidos. Los desequilibrios territoriales se saldaban entonces por transferencias, como fondos europeos, el Fondo de Cooperación Interterritorial y convenios. Pero posteriormentese fue ampliando la participación en los tributos del Estado (de entre el 50% y el 58% del total) e incrementando las cesiones, a partir de varias reformas en 1996 y 2002 y 2009. Se crearon además el Fondo de Garantía, el Fondo de Suficiencia Global (que equilibra el sistema tras la aportación del primero) y los fondos de convergencia y competitividad.


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