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lunes, 27 de mayo de 2013

Así será la nueva Ley de Emprendedores.


El Gobierno puso el viernes sobre la mesa del Consejo de Ministros los primeros incentivos fiscales de la legislatura y una batería de estímulos a la actividad de las empresas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el viernes por fin el esperado anteproyecto de Ley de Emprendedores, que se ha retrasado más de un año desde que se anunció por primera vez por los graves problemas presupuestarios a los que se enfrentaba el país, que estuvo durante varios meses al borde del rescate. Justo varias semanas después de que Bruselas haya permitido dos años más de margen para  reducir el déficit al 3% del PIB, el Ejecutivo pudo aprobar uno de sus compromisos más esperados, que incorpora promesas electorales como que no se pague el IVA hasta que no se cobren las facturas, incentivos a la reinversión en el Impuesto sobre Sociedades o el fomento del “inversor de proximidad” o business angel en el IRPF.

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La propuesta del Gobierno, que ahora pasará a analizarse en el Consejo de Estado y que tendrá que tramitarse en el Congreso, tiene muchas luces y alguna sombra. Entre los puntos que más han aplaudido los empresarios: se agiliza la creación de empresas, se crea la figura del autónomo o empresario de responsabilidad limitada –que no tendrá que responder con su casa por las deudas de su empresa– y que se agilizan los acuerdos de refinanciación. Sin embargo, esta misma norma ha sido criticada por asociaciones de consumidores porque se concederán permisos de residencia a los que inviertan en deuda pública española.

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La norma, en la que han trabajado nueve ministerios porque afecta a cuestiones jurídicas, industriales o fiscales, tiene cuatro ejes básicos: apoyar fiscalmente y en la Seguridad Social a las empresas, facilitar la cultura empresarial y la segunda oportunidad, quitar trabas burocráticas y favorecer la internacionalización.

Estímulos fiscales

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El capítulo fiscal es uno de los más interesantes, aunque también es el que ha paralizado la aprobación de la Ley durante meses. Casi todas las iniciativas entrarán en vigor el 1 de enero de 2014. La medida más cacareada es la aplicación del IVA de caja para autónomos y pymes –para empresas con menos de dos millones de euros de facturación–. Las compañías que voluntariamente se acojan al “régimen especial de criterio de caja en el IVA para autónomos y pymes” evitarán ingresar el IVA hasta que se cobre la factura. El Gobierno estima que se podrán beneficiar hasta 1,3 millones de autónomos y un millón de pequeñas empresas. En el Impuesto sobre Sociedades, para compensar las subidas tributarias del último año y medio, se activará una batería de incentivos y deducciones. Por ejemplo, se fomentará la reinversión de los beneficios en la actividad económica. Las empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones podrán deducirse hasta un 10% de los beneficios si se reinvierten.

También se pondrán sobre la mesa ayudas tributarias a la I+D+i. Siempre han existido estímulos a este tipo de actividades pero la novedad es que se podrán recuperar las deducciones de aquellos años en los que no se hayan podido recibir por haber sufrido pérdidas, algo habitual cuando se empieza a montar un negocio. Es decir, que la medida funcionará como una especie de “crédito fiscal”.

También se darán incentivos para activos intangibles, conocidos en la jerga emprendedora como Patent Box. Se trata de estimular la actividad innovadora de las empresas que tengan un carácter eminentemente tecnológico.

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En el IRPF habrá estímulos al inversor de proximidad o business angels. Se trata de fomentar que sea atractivo fiscalmente participar a título individual en empresas nuevas y de reciente creación, lo que se conoce como capital semilla. Para lograrlo habrá una deducción del 20% en la cuota estatal del IRPF con ocasión de la inversión realizada al entrar en la sociedad. La base máxima para poder beneficiarse de la deducción será de 20.000 euros al año. También se apuesta por una exención total de la plusvalía que hay que pagar al salir de la sociedad si el beneficio se reinvierte en una empresa de nueva o de reciente creación. Se favorece que el flujo económico se centre en favorecer el emprendimiento.

Por último, se fomentará la pluriactividad de los autónomos con deducciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social. 100.000 personas podrán beneficiarse, según los cálculos de la Federación de autónomos ATA.

La cultura emprendedora

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Más allá de eliminar trabas fiscales, el proyecto de Ley incluye propuestas como el Emprendedor de responsabilidad limitada. Hasta ahora los autónomos perdían su casa si les salía mal un negocio y acumulaban deudas empresariales. Desde que apruebe la Ley será inembargable la vivienda habitual de un empresario si su valor no supera los 300.000 euros. También será posible crear sociedades con un capital inferior a 3.000 euros y se vuelve a hablar de la famosa “ventanilla única” para agilizar una empresa, una promesa archirepetida por los distintos ejecutivos durante las últimas décadas que no ha evitado que España siga siendo de los países en los que más difícil es abrir un negocio según el ranking Doing Business. Para dar una segunda oportunidad a los empresarios también se creará un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas más ágil.

Cargas administrativas

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Una de las quejas más habituales de las compañías es el tedioso camino a la hora de negociar con la Administración. En la Ley de Emprendedores se revisan periódicamente las trabas burocráticas y llama la atención que, a partir de ahora, cada carga administrativa que se incorpore en la legislación deberá compensarse con, al menos, la eliminación de una carga de coste equivalente.

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También se prohibirá expresamente la discriminación a favor de contratistas previos para eliminar amiguismos. Finalmente para crear una empresa sí que será necesario pasar por el notario, en contra de lo que se barajaba en el borrador inicial de la Ley.

Internacionalización


La internacionalización es una de las esperanzas de Rajoy para relanzar la economía, por lo que la Ley fortalece el papel del ICEX, refuerza instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización y se crean cédulas y bonos de internacionalización, que financiarán proyectos en el exterior con garantías de alta calidad.


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