Bruselas nos relaja el objetivo del déficit, nos exije reformas inmediatas y la OCDE nos mete el miedo en el cuerpo.

España tendrá finalmente más margen para ajustar su déficit público y podrá hacerlo de forma más flexible a lo previsto por el propio Gobierno. La Comisión Europea no sólo amplió ayer a 2016 el plazo para que el desfase presupuestario español se sitúe por debajo del 3% del PIB, como se esperaba, sino que también fijó objetivos anuales de déficit algo más generosos a los propuestos por Madrid (dos décimas más para este año, hasta el 6,5%; tres en 2014, hasta el 5,8% y una en 2015, hasta el 4,2%). Sin embargo, eso no significa que el Ejecutivo pueda relajar el ritmo de las reformas ni acomodarse a la espera de que las ya aprobadas surtan su efecto. De hecho, Bruselas ha enviado al Ejecutivo un amplio catálogo de medidas urgentes, estableciendo por primera vez fechas tope para adoptarlas.

Es evidente que la Comisión quiere extremar la vigilancia sobre España para evitar que se produzcan nuevos incumplimientos los próximos años. Por eso, reclama al Gobierno una “aplicación creíble” de las reformas pendientes y que se asegure que todas las administraciones (en especial, las autonomías) cumplen sus objetivos de déficit y que se consigue el ahorro estimado en la reforma de la Administración local. Bruselas también mostró su preocupación por el gran volumen de gasto público y la pérdida de recaudación fiscal generada por la crisis. De ahí que pida a España una revisión a fondo de las mayores partidas de gasto para mejorar su eficiencia y la aplicación inmediata del factor de sostenibilidad de las pensiones; además de eliminar deducciones en los grandes impuestos, acotar los productos que soportan un IVA reducido y elevar la fiscalidad medioambiental antes de marzo de 2014. En cuanto al mercado laboral, la Comisión afea el retraso de la revisión de las políticas activas de empleo pese al elevado paro juvenil y el creciente número de desempleados de larga duración, al tiempo que insta a finalizar antes de verano la evaluación de la reforma laboral y presentar las modificaciones necesarias en septiembre.

Los temores de Bruselas parecen fundados a la luz del empeoramiento de las previsiones para España de la OCDE, que dejan muy desfasadas las estimaciones del Gobierno. Según este organismo, el PIB caerá más este año (un 1,7%) y crecerá menos en 2014 (sólo un 0,4%), aunque su vaticinio más pesimista es sobre el mercado de trabajo: proyecta que el paro supere el 28% el año que viene, situándose casi al nivel de Grecia, antes de empezar a bajar. Y alerta de que en esas circunstancias será imposible cumplir incluso con los objetivos de déficit más laxos para este ejercicio y el próximo que estableció ayer la Comisión Europea para España, lo que obligaría a un ajuste adicional del gasto de 10.000 millones de euros. El Gobierno no puede obviar estas señales de alarma y tiene la responsabilidad de aprovechar ese mayor margen de maniobra concedido por Bruselas para priorizar las medidas que impulsen el crecimiento y el empleo.