Déficit Autonomías: Los barones del PP no se ponen de acuerdo y el PSOE quiere callar con dinero los gritos autonómicos.

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La cumbre de los barones regionales del PP convocada por el presidente del Gobierno para pacificar el debate interno sobre el reparto del déficit asignado a las comunidades autónomas este año acabó ayer sin fumata blanca. Y es que los ejecutivos autonómicos populares no parecen estar por la labor de anteponer la lealtad debida al presidente del partido y al ministro de Hacienda si eso supone privilegiar a algunas regiones sobre otras después de los impopulares sacrificios asumidos en los dos últimos ejercicios para reconducir el desfase de sus cuentas. Sobre todo si detrás del llamado déficit a la carta se esconde, como sospechan, una maniobra para contentar a la Generalitat catalana y rebajar el desafío soberanista de Artur Mas. Pero la oposición interna tampoco es unánime, ya que algunas comunidades gobernadas por el PP como Valencia, Murcia o Baleares podrían beneficiarse de un reparto asimétrico.

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El origen de la disputa está, sin embargo, en las deficiencias de un sistema de financiación que se ha venido parcheando hasta el momento gracias a la abundancia de recursos disponibles en las épocas de bonanza. Sin embargo, la fuerte pérdida de recaudación provocada por la crisis dificulta sobremanera la posibilidad de paliar con recursos estatales los agujeros financieros de las autonomías, a pesar de que el PSOE insistió ayer en esta errónea vía, al pedir al Gobierno que ceda 3.000 millones adicionales a las comunidades para acabar con el “lío” orquestado. Pero saciar las demandas de los ejecutivos regionales con nuevas alegrías presupuestarias simplemente serviría para aplazar la solución al problema de fondo y extender la idea de que el Estado siempre terminará cubriendo los desaguisados de las autonomías, que en muchas ocasiones han ido destinados a financiar megaproyectos fallidos o fastos chauvinistas y no a garantizar la calidad de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.

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El sistema de financiación de las regiones no puede seguir siendo un pozo sin fondo que engulle cada vez más recursos y en el que el reparto de los recursos esté cautivo del capricho de los dirigentes de turno de cada comunidad. Los gobiernos autonómicos deben aprender la lección principal de esta crisis: sus gastos tienen que ser adecuados a sus ingresos.

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