Draghi se muestra impotente ante la recesión europea y el gasto público español que tanto escuece en Bruselas.

El presidente del BCE, Mario Draghi, mostró ayer de nuevo su disposición a poner en marcha las medidas que le han reclamado en las últimas semanas gobiernos como el español para reactivar el crédito hacia las pymes. Pero no concretó ninguna. Sólo confirmó la existencia de negociaciones con varias instituciones, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones, para estudiar, entre otras medidas, cómo reactivar las titulizaciones de los préstamos a estas empresas. Un anuncio demasiado inconcreto para los mercados, que lo acogieron con frialdad tras haber depositado elevadas expectativas sobre la reunión del BCE. Las bolsas terminaron con recortes una sesión que estuvo dominada por las ganancias, especialmente después de conocer la rebaja de los tipos de interés al mínimo histórico del 0,5%.

Se espera que este descenso tenga un impacto limitado, ya que se daba por hecho desde hacía semanas y porque el verdadero cuello de botella de la economía europea es que la liquidez dispuesta para la banca no acaba de llegar a las empresas, sobre todo hacia las de menor tamaño. Desde el BCE se insiste en que su margen de actuación ya es muy limitado, teniendo en cuenta el escaso recorrido para continuar reduciendo los tipos –pese a lo cual algunos expertos vaticinan una nueva rebaja para verano– y que otras medidas excepcionales como la barra libre de liquidez, que ayer se prorrogó al menos hasta mediados del año que viene, tampoco han cosechado los resultados previstos de cara a la normalización del crédito. Quizás por ello Draghi insinuó la posibilidad de colocar en negativo el tipo de interés (ahora en el 0%) al que remunera el excedente que la banca europea mantiene depositado en el BCE en vez de prestarlo a otras entidades. Actualmente, hay 120.882 millones de euros “aparcados”, que pasarían a ser penalizados si el banco central opta por esta vía.

El propio Draghi reconoció que la situación económica de la zona euro empeora día a día, por lo que debería anticipar todo lo posible la adopción de las nuevas medidas en estudio para que la liquidez llegue a la economía real. Las señales de endeblez ya no sólo afectan a países más debilitados, sino también a Alemania. Consciente de la necesidad de impulsar el crecimiento, el BCE instó, no obstante, a los gobiernos europeos a que emprendan una reducción ambiciosa del gasto público y no caigan en la tentación de aprobar nuevas subidas de impuestos para mantener la consolidación fiscal debido a sus efectos contractivos.

El gasto público español debe contraerse sí o sí.

Tras el mensaje del BCE en aras de la rebaja del gasto público de los gobiernos europeos, adquieren especial relevancia los compromisos asumidos por el Gobierno español ante la UE para seguir reduciendo las grandes partidas presupuestarias. De aquí a 2016, pretende una rebaja de 12.000 millones de euros en el coste de personal de todas las administraciones, lo que permitiría disminuir su peso sobre el PIB desde el 11,2% actual hasta el 9,3%. El volumen de empleados públicos se ha reducido sensiblemente, a pesar de que todavía suma 2,85 millones de trabajadores, pero buena parte de la contención del gasto ha procedido, sin embargo, de medidas temporales, como la suspensión de pagas extra. Por eso es necesaria una mayor ambición en esta senda para aprobar nuevos ahorros estructurales que garanticen la viabilidad a largo plazo del sector público.

Esfuerzos que también deben intensificarse en el ámbito de la cobertura del desempleo. En siete años, el pago de las prestaciones por desempleo ha supuesto el 16% del PIB. Un nivel insostenible para Bruselas, que sospecha de la existencia de un alto fraude en el cobro de los subsidios por la persistencia del paro, sobre todo entre desempleados de larga duración –2,1 millones de personas llevan más de dos años sin empleo–. De ahí que, junto a las medidas previstas contra la picaresca, haya que implantar, en el marco de una revisión de las costosas e ineficaces políticas activas de empleo, fuertes incentivos a la búsqueda de trabajo por parte de los parados y un control estricto de esa responsabilidad ineludible.