Educación: la polémica Ley Wert entra en escena.

La polémica Ley Wert, la séptima ley educativa de la democracia, recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Entre las novedades de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), destaca el hecho de que el Gobierno adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado a los tribunales algunos padres que ocurre en Cataluña, aunque luego lo recuperará detrayéndolo de la financiación autonómica.

Para ello, la memoria económica de la Lomce, que estima el coste directo de implantar la ley entre 408 y 568 millones de euros, reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo.

La Generalitat no está de acuerdo con la reforma y la considera una herida enorme al autogobierno, al margen de una norma “imposible de cumplir”.

Además de ésta, el texto incluye otras novedades con respecto a lo que se ha ido conociendo durante las largas negociaciones que han precedido a la aprobación de la norma. Ayer se conoció un asunto clave para el paso de curso: no se podrá promocionar con más de dos suspensos y nunca si las dos asignaturas que no se han aprobado son troncales o una troncal y una lengua cooficial. De este modo, quien suspenda, por ejemplo, matemáticas y lengua, o matemáticas y lengua cooficial, tendrá que repetir.

Asimismo, se establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa –Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria– serán evaluables y la nota contará para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”. En cuanto a las evaluaciones externas, que el ministro de Educación, José Ignacio Wert considera claves para estimular a profesores y alumnos, el proyecto cambia respecto del redactado inicial: las pruebas de Primaria se realizarán en tercer curso y a nivel nacional pero el diseño del examen y todo lo que a él se refiere será competencia de las comunidades autónomas. Estas pruebas medirán la capacidad en lengua, escritura y cálculo y estarán diseñadas para la detección temprana de problemas. Por contra, la evaluación externa al término de la ESO y la que se impondrá al final de Bachillerato serán asunto del Ministerio porque servirán para la obtención del título.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que la ley tiene “un doble cometido esencial, mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes”, por lo que se refuerza la FP.