La Reforma Laboral y el Plan de Pago a Proveedores deben de revisarse sin dilación.

Mariano Rajoy, frustró ayer las expectativas de una revisión profunda de la reforma laboral... y esta vez en una extraña complicidad con toda la oposición y los sindicatos. Aunque el Gobierno está analizando el impacto de los cambios introducidos en el mercado de trabajo tras un año en vigor, como contemplaba la propia ley, el presidente anticipó que no existe “ninguna intención de cambiarla”. Una declaración desafortunada en vista de que desde entonces las cifras de paro han aumentado en un millón de personas (hasta 6,2 millones) y de que organismos como el BCE, la Comisión Europea, el FMI o el Banco de España han pedido que se profundice en la reforma para dar más flexibilidad a las empresas. El alcance de las medidas aprobadas hasta ahora es innegable, pero también que el enrarecimiento de la coyuntura nacional y europea obliga a intensificarlas para combatir situaciones tan graves como el alto desempleo juvenil (que afecta al 57% de los menores de 25 años) o el inquietante aumento del número de parados de larga duración.

El margen para mejorar la normativa laboral es aún extenso como nos recuerdan continuamente BCE, Bruselas, Banco de España y FMI. Precisamente ayer, el comisario europeo de Empleo, László Ándor, respaldó la conveniencia de implantar el contrato único en España. El caos creado con los modelos de contrato que coexisten ahora (existen hasta 50 tipos en función de las características del trabajador) constituye un desincentivo claro para los empresarios que están en disposición de aumentar sus plantillas pero no lo hacen por temor a las trabas existentes para despedir y a que se dispare el coste de las indemnizaciones futuras. Por eso es necesario simplificar la contratación y estudiar medidas temporales como un contrato de emergencia con indemnización progresiva para fomentar la contratación de parados.

Lo que no puede hacer el Gobierno es seguir esperando a que las modificaciones a la normativa laboral aprobadas hace un año fructifiquen en los próximos meses ni a que llegue desde Europa el impulso reformista que Rajoy lleva semanas reclamando, teniendo en cuenta lo lento que avanzan las instituciones comunitarias. La última iniciativa que estudia el Eurogrupo pasaría por que el Banco Europeo de Inversiones conceda hasta 60.000 millones en préstamos a las empresas que contraten a jóvenes, pero no estaría en vigor como pronto hasta 2014. Demasiado plazo para un mercado laboral como el español, que en el primer trimestre de este año superó las peores previsiones.

El Plan de Pago a Proveedores también ha de revisarse.

La asfixia financiera que afecta a gran parte de las empresas españolas tiene origen en la fuerte restricción del crédito y en la dilación de los plazos de pago entre compañías y por parte de las Administraciones Públicas. Este mal endémico del tejido industrial español ha mostrado su cara más amarga con el estallido de la crisis, provocando un colapso en cadena de las finanzas de muchas empresas, abocándolas al concurso de acreedores y, en la mayoría de las ocasiones, al cierre. Las distintas iniciativas puestas en marcha para aminorar la bolsa de impagos han tenido un éxito discreto.

Los cambios legales para penalizar la demora en el abono de las facturas pendientes apenas han reducido los plazos efectivos (de 105 a 99 días en un año, aunque el tope legal son 30 días), mientras que el ambicioso plan de pago a proveedores públicos impulsado por el Gobierno el año pasado, que movilizó unos 30.000 millones de euros para liquidar deudas pasadas, fue sólo un alivio temporal, puesto que el sector público no ha modificado su modus operandi. Las Administraciones españolas siguen pagando de media en 155 días, siendo las más morosas de Europa después de las italianas y las griegas. Por eso Hacienda quiere establecer como condición necesaria de la segunda fase del plan de pago a proveedores que los ayuntamientos y autonomías que reciban fondos se comprometan expresamente a cumplir en el futuro los plazos legales. Sólo así sería posible acabar de una vez por todas con el círculo vicioso de la morosidad en España.