El azote del paro da tregua al país... pero no se pueden echar las campanas al vuelo.


Las expectativas creadas en los últimos días por el Gobierno sobre las cifras de paro en mayo se han cumplido, ya que el desempleo se redujo en 98.265 personas, el mejor registro en este mes de la serie histórica. Un dato esperanzador que duplica la caída media en los meses de mayo (tradicionalmente positivos para el empleo) de los últimos 15 años, pero inane cuando el desempleo se mantiene en niveles desorbitados: 4,89 millones de personas según los Servicios Públicos de Empleo. Con todo, lo más positivo es el importante incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social, unas 134.660 más, espoleadas por el inicio de la temporada turística; que descontado el efecto calendario el paro y las cotizaciones sociales mejoran por primera vez en esta crisis y que el paro juvenil se redujo en 81.530 personas respecto al mes precedente y un 6,6% en el último año.

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Pero estos avances deben recibirse con cautela. Aunque la de mayo es la tercera caída mensual del paro consecutiva y se produjo en todos los sectores de la actividad, es pronto para asegurar que constituya una tendencia sostenible en el tiempo debido al elevado peso de la estacionalidad (el 91,5% de los nuevos contratos son temporales) y a que en tasa interanual aún se produce un repunte del paro, si bien es el menor desde 2007. El débil avance del mercado laboral hace necesarios nuevos impulsos a la contratación y al autoempleo. No obstante, la semana pasada el Banco de España alertó del limitado impacto que ha tenido la reforma laboral contra el desempleo y reclamó introducir más flexibilidad en las retribuciones y estudiar la posibilidad de eliminar el salario mínimo para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo, mientras que la Comisión Europea ha instado al Ejecutivo a presentar en septiembre, coincidiendo con el fin de la período estival, nuevas medidas para profundizar en los cambios en el mercado de trabajo.

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Un elemento decisivo en este contexto sería la normalización de los flujos de crédito hacia las pymes, las grandes creadoras de empleo. Además de las líneas de financiación no bancaria que el Gobierno ha impulsado últimamente, el pacto suscrito ayer con las patronales bancarias para elevar en 10.000 millones de euros los préstamos para circulante y nuevas inversiones de las pequeñas y medianas empresas debe ser la punta de lanza de la recuperación del empleo y la actividad económica siempre y cuando esa liquidez se traslade de forma efectiva hasta las raíces del tejido productivo español.


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