23 junio 2013

La Reforma de las Administraciones; ¿eficaz y efectiva o brindis al sol?


 La reforma de las administraciones es un mantra que llevan repitiendo todos casi todos los gobiernos en las últimas décadas. En 1989 el Ministerio de Administraciones Públicas de Joaquín Almunia publicaba “reflexiones para la modernización de la Administración del Estado”. En 1992 se promulgó una Ley para crear un “procedimiento administrativo común”. Entre 1993 y 1995 se desarrolló el observatorio de calidad de los servicios públicos. En 1996 se publicó una relación de procedicimientos administativos del Estado y en 1997 se puso en marcha el programa de la archiconocida ventanilla única. Una década después, en 2006, el expresidente Zapatero volvió a prometer una “ventanilla única”.

El viernes, con estos precedentes históricos, el Consejo de Ministros aprobó un exhaustivo examen de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, otro intento de reducir la burocracia y apostar por una administración más eficiente. Eso sí, por primera vez se ha planteado una amplia batería de medidas concretas, con una cuantificación exhaustiva. La batería de 217 medidas de la reforma de la Administración ahorrará 6.500 millones al Estado durante la legislatura, una cifra que será muy superior si se incorporan los efectos de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local y las medidas que afectan a los empleados públicos como la ampliación de la jornada laboral y la tasa de reposición cero. De hecho, la “revolución” del sector público que ha diseñado Sáenz de Santamaría junto a Cristóbal Montoro pretende ahorrar 37.620 millones durante la legislatura (un ahorro que sería de 17.534 millones en compración con la herencia de gasto que dejó el expresidente Zapatero en 2011).

Pica para ampliar.

La macroauditoría del sector público que han elaborado el subsecretario de Estado de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y la de Hacienda, Pilar Platero, desvela que en el Estado ha que reducir 57 empresas públicas, que en las comunidades sobran 90 observatorios y que hay que echar el cerrojo a decenas de organismos en las autonomías como los minitribunales de cuenta o los minidefensores del pueblo. El problema: que las recomendaciones del Estado a las comunidades son solo eso, recomendaciones. La realidad es que los gobiernos regionales –blindados por Estatutos con rango de ley orgánica– gestionan el 34,3% del gasto público total mientras que el Gobierno central sólo gestiona el 21,6% del dinero público que se moviliza cada año, por lo que la pata autonómica de la administación es muy difícil de domar.

Varias autonomías, algunas del PP, avisaron ayer mismo que no van a hacer caso a las recomendaciones del Ejecutivo. Curisosamente las que han hablado más claro son Cataluña y Valencia, dos regiones que incumplieron el objetivo de déficit en 2012 pero que no se han enfrentado aún al procedimiento coercitivo que fija a Ley de Estabilidad Presupuestaria.


Al menos el Estado sí que tendrá margen de maniobra para impulsar las más de 100 medidas que afectan a la Administración central, y que también tendrán su repercusión en las regiones. En la Administración central será más fácil unificar, por ejemplo, los observatorios de la salud o unificar todos los organismos que se dedican a la formación de los trabajadores del sector público.

Pero las medidas del plan del Gobierno tienen como misión esencial ayudar a ahorrar recursos a los ciudadanos. El plan “Emprende en 3” para crear una empresa en 3 días; la simplificación de las múltiples “ventanillas únicas” que hay en España; la creación de una plataforma única para la contratación en todo el país; la apuesta por un portal único para que los ciudadanos vean de una vez sus datos de la Agencia Tributaria, su vida laboral, sus multas... Según el Gobierno, estas y otras medidas ayudarán a que los ciudadanos se gasten 16.500 millones menos en burocracia y gestiones con la Administración hasta 2015, cuando acabará la legislatura. También se creará un portal para poder acceder a todas las ofertas de empleo del antiguo Inem, se reformará la Ley de subvenciones públicas y se evitará que las administraciones pidan a los ciudadanos documentos y papeleo que emiten las propias administraciones.

Las empresas se empezarán a beneficiar ya en el corto plazo de algunas de las medidas de esta Comisión. De hecho, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en julio 60 medidas de simplificación de las trabas como la habilitación del libro de visitas en el momento del alta de la empresa en la Seguridad Social por vía electrónica o la posibilidad de presentar la documentación en la Inspección de Trabajo por vía electrónica. La propuesta de crear una central de compras para toda España y se propondrán varias fechas a lo largo del año para que entren en vigor las leyes que afectan a los empresarios, que a veces están descolocados por los continuos cambios legislativos que influyen en el día a día de su negocio.

Pica para ampliar

La reforma de las administraciones también cambiará  la forma de concebir la función pública. Se redifinirá qué es un empleado público y quién debe tener la misión de ser funcionario. Para ello se disminuirá el excesivo número de cuerpos existentes y se fomentará que haya posibilidad de avanzar profesionalmente dentro de la propia Administración. También se reconsiderará el papel del personal eventual y de confianza. Tendrán que acreditar más experiencia. El Gobierno ha avisado que las medidas de la Comisión de Reforma de las Administraciones fomentará la movilidad de los funcionarios de las unidades administrativas y de los organismos que se supriman. También se quiere evaluar el desempeño de los de los funcionarios, un sistema que ya existe pero que en la práctica sólo es una manera de dar retribuciones adicionales a los trabajadores públicos de forma masiva. El Gobierno no ha querido calcular cuántos empleados públicos irán a la calle, pero tampoco quiso hacerlo cuando en 2012 puso en marcha una amplia batería de medidas para fomentar los ERE en las administraciones y ahora reconoce en público que hay 375.000 asalariados menos en las administraciones. 


Entre bromas, la vicepresidenta opinó sobre “el niño”. “El niño. Sietemesino ¿eh?. Es sietemesino, que es lo que nos han pedido. Pero hay que darle un poco de incubadora”, aseguró la número dos del Gobierno mostrando el documento de más de 300 folios y las 2.000 fichas de análisis que han elaborado en los últimos siete meses. Al hablar de “incubadora” se refería a que se creará una oficina para la ejecución del proyecto de reforma de las administraciones. Cadatres meses y cada año se evaluará cómo se está aplicando la reforma. La encargada seráAngelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración central.

¿Y qué dicen las Autonomías?


Algunas autonomías están de acuerdo en lo sustancial con la reforma de la Administración Pública (las gobernadas por el PP) y otras no tanto (las del PSOE, CiU y PNV). Pero todas las que han alzado la voz coinciden en que hay una línea roja que no van a traspasar: sus estatutos de autonomía.

En Andalucía, por ejemplo, el propio PP reconoció que el Defensor y la Cámara de Cuentas autonómicas “seguirán contando”, ya que son figuras que están contempladas en el estatuto andaluz.

La Comunidad Valenciana tampoco se muestra dispuesta a seguir a pies juntillas todas las recomendaciones, en la medida en que afectan a las competencias de las instituciones regionales, como la Sindicatura de Cuentas y el Defensor del Pueblo (Síndic de Greuges). Todo ello, de nuevo, en virtud del estatuto.

El gobierno asturiano (liderado por el PSOE), calificó de “chantaje e injerencia intolerable” la reforma de las administraciones públicas.

Cataluña pide ejemplo


El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, optó por el contraataque, e instó al Gobierno a cerrar las delegaciones de los ministerios que no tienen competencias en Cataluña, porque sus funciones han sido traspasadas, como cultura, sanidad o enseñanza. “Antes de dar lecciones, ¿qué deberes han hecho?”, dijo. Y el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, denunció que la reforma es una “operación recentralizadora” y adujo que la Generalitat “no va a devolver, jamás, ninguna competencia”.

El Gobierno de Aragón, por su parte, defendió el papel del Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas. La primera institución, por su rango estatutario, su “trayectoria histórica” y su conexión con el “sentimiento aragonés”. La Cámara, porque ha empezado a cubrir la función de fiscalización del sector local.

En Castilla y León, el defensor del Pueblo insistió en que la institución es necesaria y no supone duplicidad.

Por último, el PP de Galicia no aclaró si se suprimirá la figura del Valedor do Pobo y el Consejo de Cuentas de Galicia, aunque recalcó que “están recogidas estatutariamente”.

1 comentario:

  1. Los politicos no van a devolver algo sobre lo que han incado el diente

    Antes montan la de Dios

    Aqui los politicos no estan para servir a los ciudadanos sino para servirse de ellos Las pruebas ..por todos sitios

    No se puede organizar nada para que funcione porque los politicos ya tienen aprobadas leyes que lo impiden

    Esas leyes no estan pensadas para que las administraciones funcionen mejor ( mejor para el ciudadano) estan pensadas para que los politicos puedan seguir chupando

    ¿Y ahora?¿que hacemos?

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