La reforma de la financiación autonómica urge más que nunca.

El Gobierno tiene todavía pendiente uno de los grandes desafíos de la legislatura. La reforma de la financiación autonómica, básica para garantizar el correcto funcionamiento del Estado del Bienestar, debe aprobarse antes del 1 de enero de 2014 como exige la ley. No es aceptable que el Gobierno quiera postergarla, como sugirió el presidente Mariano Rajoy a comienzos de mes tras uno de los despachos habituales con el Rey en Mallorca. 

La actual normativa –que se gestionó de forma bilateral entre el Gobierno del expresidente Zapatero y el tripartito formado por el PSC, ERC e IU– ya no contenta a nadie. Hasta Cataluña y Andalucía, las dos autonomías que más se han beneficiado de un sistema complejo y arbitrario que no entienden ni las propias comunidades, han solicitado que se agilicen los cambios en el reparto de la cesta de los impuestos. El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Enrique Ossorio, remitió ayer mismo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una misiva en la que le apremia a agilizar los cambios legales. El Gobierno de Ignacio González denuncia que el reparto de fondos entre comunidades “es oscuro, injusto y genera claras desigualdades”. De hecho, advirtió de que si no se realizan cambios urgentes para solucionar las “trampas” que perjudican a Madrid, será muy complicado que la región cumpla con los nuevos objetivos de estabilidad a la carta marcados en el último Consejo de Política Fiscal, que también perjudican a Madrid en beneficio de la región que preside Artur Mas. 

Si una lección se puede extraer de la última negociación es que es necesario agilizar cuanto antes la aprobación de la nueva normativa, aunque sea el Ministerio de Hacienda el que finalmente imponga su propuesta. No hay que olvidar que le basta con el apoyo de una sola región para modificar la conflictiva ley. Otra de las lecciones del modelo que puso en marcha Pedro Solbes es la necesidad de un sistema de financiación transparente y sencillo. Rajoy y Montoro tienen razón al asegurar que es imposible una reforma de la financiación autonómica que satisfaga a todos. Sin embargo, esto no puede ser una excusa para eludir una necesaria reforma que acabe con los privilegios de unas comunidades frente a otras y con los retorcimientos estadísticos que generan graves desigualdades entre españoles.