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viernes, 20 de septiembre de 2013

El fraude fiscal alcanza cotas inadmisibles en el país.


 Las cifras del fraude cometido en España por el IVA que publicó ayer la Comisión Europea son vergonzantes y deben llevar a una reflexión profunda sobre los métodos de control fiscal actuales. Es evidente que algo falla de forma estrepitosa cuando el Estado ha dejado de ingresar unos 63.600 millones de euros en los últimos cinco años por las declaraciones fraudulentas, la evasión fiscal y errores administrativos, a lo que se han sumado otros factores puntuales como la quiebra de numerosas empresas o los retrasos en los pagos de muchos contribuyentes. La economía española, pese a ser la quinta de mayor tamaño en Europa, ocupa el deshonroso último lugar en la recaudación de este tributo en porcentajes del PIB, aunque los tipos se sitúan en el nivel medio de la UE después de las subidas efectuadas por los ejecutivos de Zapatero y Rajoy, que elevaron el IVA normal desde el 16% hasta el 21% en sólo dos años. Si la Administración hubiese sido más eficiente en su tarea recaudatoria, taponando las vías de fuga, seguramente no hubiera sido necesario aumentar este impuesto, que ha contribuido al frenazo del consumo.

Pica para ampliar

El incremento de la fiscalidad está también en la raíz de que se haya disparado el agujero entre la recaudación prevista por IVA y los ingresos efectivos. No obstante, desde 2008 esa diferencia se ha multiplicado por seis, desde 2.650 millones anuales hasta los 15.900 millones, que equivalen a un 21% del PIB. El análisis realizado por la Comisión Europea apunta directamente a las subidas fiscales como factor decisivos para el incumplimiento de las obligaciones fiscales, junto a las lagunas que generan mecanismos obsoletos como las excepciones o los regímenes especiales para determinados colectivos. Tanto es así que, según Bruselas, la aplicación rigurosa del gravamen –que pasaría por el extremo de eliminar los tipos reducido y superreducido– aumentaría la recaudación en el caso español hasta un 48% frente a los niveles actuales.

Pica para ampliar

El Gobierno se niega a cumplir con la recomendación de Bruselas de simplificar el IVA para que la mayoría de productos soporten un tipo del 21% por temor a su impacto en el consumo, algo que no sería significativo si viene acompañado de otras medidas como la necesaria rebaja de cotizaciones sociales o del IRPF. Pero sí debería atender la llamada de atención de las autoridades europeas a intensificar la lucha contra el fraude, en línea con lo que vienen pidiendo los inspectores de Hacienda, dotándoles de más medios para estrechar el cerco a los defraudadores.


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