La congelación salarial a los funcionarios y la vuelta de tuerca de Mas acaparan el protagonismo de hoy.

Aunque la economía española parece que encara la salida de la crisis, persisten aún riesgos que aconsejan al Gobierno no bajar la guardia y mantener las políticas que ha mantenido hasta ahora: austeridad y reformas. Por eso, en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 deben mantenerse las medidas de control del gasto y reducción de los desequilibrios presupuestarios aplicadas en los ejercicios precedentes. En coherencia con esta línea y con lo que sucede en el sector privado, el Ejecutivo se dispone a mantener congelada la remuneración de los funcionarios. No sería comprensible que se plantease una mejora salarial de los trabajadores del sector público al tiempo que los recursos del Estado escasean y mientras en las empresas privadas se imponen medidas de contención salarial y ajuste de los costes laborales. El margen adicional de déficit concedido por las autoridades europeas a España no puede interpretarse como una invitación a gastar más, sino como el reconocimiento de que será más difícil de lo previsto cuadrar las cuentas públicas a finales de año, por lo que cualquier ahorro será bienvenido.

No obstante, esta congelación salarial vendrá acompañada de algunos guiños a los empleados públicos, como la devolución de varios de los días libres que perdió este colectivo el año pasado o la garantía de que este mes de diciembre sí percibirán la paga extra que no cobraron en las anteriores Navidades. Es cierto que el historial de sacrificios que los distintos gobiernos han impuesto a los funcionarios durante esta crisis es elevado, pero también lo es que la mayoría de ellos disfruta de ciertos privilegios (como la garantía del puesto hasta la jubilación) sobre el resto de los asalariados que compensan en parte estos inconvenientes. Por otro lado, se trata de un grupo muy numeroso de trabajadores (unos 3 millones), con un coste salarial muy elevado y con el condicionante de que los criterios de remuneración que se fijan en los Presupuestos del Estado no sólo afectan a los funcionarios de la Administración central, sino también a los autonómicos y los municipales, por lo que una potencial subida salarial pondría aún más en riesgo la delicada salud financiera de la mayoría de los entes territoriales.

En todo caso, cualquier oportunidad de incrementar el gasto público debería antes emplearse en partidas que puedan incentivar la actividad productiva y la creación de empleo –la medida más urgente para vencer a la crisis– que a contentar a cualquier colectivo de trabajadores.

Por otro lado, la escenificación del órdago de los nacionalistas catalanes, por segundo año consecutivo, para exigir al Gobierno que autorice un referéndum de independencia en esta región española contó ayer con menos apoyo de partidos políticos (sólo CDC, ERC y CUP la respaldaron) y menos participación popular que hace un año, en parte por ser necesario inscribirse con antelación para formar la cadena humana desplegada a lo largo de 400 kilómetros. Aún así, la vistosa representación del independentismo catalán no puede ser obviada vista la facilidad con que han calado entre los participantes de las movilizaciones las proclamas falsas en que se sustentan, como que Cataluña estaría sufriendo un expolio desde el Ejecutivo central o que los recortes aprobados por la Generalitat en áreas tan sensibles como la educación o la sanidad no serían necesarios en caso de que Cataluña fuera independiente de España pero permaneciese dentro de la Unión Europea, una falacia con la legislación vigente.

La situación actual demuestra que la respuesta dada a los desafíos planteados desde el nacionalismo y la estrategia llevada a cabo tanto por gobiernos del PSOE como del PP de tratar de calmar sus reivindicaciones con prebendas presupuestarias han sido erróneas y contraproducentes. Sólo una defensa estricta de la legalidad vigente, sin estridencias pero con contundencia, servirá para contener el envalentonamiento de los nacionalistas catalanes y desenmascarar el intento de Artur Mas de ocultar el fracaso de su gestión política de la grave crisis económica.