Las claves de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

La tregua concedida por los mercados a la deuda española y el mayor margen presupuestario otorgado a España por la UE para recortar el déficit público no eximen al Gobierno de seguir llevando a cabo ajustes para hacer sostenible la estructura del Estado. Hasta ahora, la urgencia por lograr resultados a corto plazo llevó a priorizar la revisión de las partidas más sencillas de ajustar, como los salarios de los empleados públicos, las inversiones directas o los impuestos, entre otras. La elaboración de los Presupuestos Generales para 2014, que estos días ultima el Ministerio de Hacienda, los primeros que elaborará el Ejecutivo sin la amenaza de un rescate sobrevolando, parece el marco preciso para plantear medidas de más largo alcance, que permitan atacar los problemas de fondo de la estructura administrativa en España.

En esta línea se enmarca la intención del departamento dirigido por Cristóbal Montoro de renegociar a la baja todos los contratos actualmente en vigor con proveedores externos. El objetivo es disminuir el gasto corriente del Estado central mediante la unificación de servicios como la telefonía, informática y gestión, que ahora cada ministerio otorga de forma individual pero que pasarían a estar controlados por un organismo centralizado. Del mismo modo, se estudia la posibilidad de poner en marcha centrales de compras para combustibles, seguridad, limpieza, recogida de residuos, la organización de viajes o el suministro de energía. No obstante, las cláusulas y condiciones particulares de algunos de estos contratos podrían retrasar el efecto de esta renegociación a la baja y unificación, de manera que tuviesen impacto sobre las cuentas públicas de 2014 sino que habría que esperar hasta 2015. En todo caso, se trata de actuaciones llamadas a tener un carácter permanente y no estacional, por lo que la prioridad será el ahorro efectivo que se pueda lograr en cada caso (se estima una media del 20%) y no tanto en el plazo de su entrada en vigor, puesto que ya hay otras medidas complementarias en marcha. De hecho, el próximo año será el cuarto de rebajas en los gastos corrientes del Estado, que van a pasar de sumar 8.542 millones de euros en 2010 a caer por debajo de 7.000 millones en 2014.

Pica para ampliar.

La racionalización de la estructura administrativa y burocrática es la única vía para que el Gobierno no vuelva a verse obligado en el futuro a adoptar medidas extremas como la congelación de los salarios públicos, las pensiones o subir los impuestos ante un sobrevenido desplome de los ingresos.