02 diciembre 2013

La CNMC sufre los vaivenes del son de este Gobierno: "lalalá...un pasito palante María, un pasito patrás... lalalá"


Menos de dos meses después de la puesta en marcha de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el ente que agrupa a todos los reguladores previamente existentes, sorprende que sea el propio Gobierno el que ha impulsado esta novedosa integración quien se enmiende la plana y ultime ahora la creación de un nuevo regulador sectorial. Así se recoge en la Ley de la Cadena Alimentaria, el proyecto estrella del Ministerio de Agricultura. La denominada Agencia de Información y Control Alimentarios tendrá entre sus facultades la capacidad de realizar inspecciones sorpresa en la sede de las empresas que sospeche que están incumpliendo la normativa sobre la cadena alimentaria, así como el control de los precios y capacidad sancionadora. En esencia: un organismo regulador del sector de la alimentación.


De hecho, los objetivos marcados para este nuevo ente coinciden en esencia con los de la CNMC, que tras la fusión de los diversos reguladores debería sobre el papel contar con los medios materiales y humanos suficientes para poder asumir en solitario el control de los diferentes mercados, incluyendo, por supuesto, al alimentario, donde su predecesora, la Comisión Nacional de Competencia, emprendió actuaciones contundentes a la par que polémicas, aunque desde la industria lamentan que con demasiada frecuencia las prácticas abusivas en la conformación de la cadena de precios de los alimentos quedaban sin sanción. Pero la relevancia de esta industria para la economía española –ha sido punta de lanza de la innovación en la última década y uno de los sectores que ha sostenido e impulsado las exportaciones en la crisis– aconseja que su supervisión se mantenga integrada con la del resto de actividades económicas relevantes para el conjunto de la sociedad.

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC

La inconveniencia de volver a disgregar por sectores la vigilancia de la competencia efectiva y el respeto a las normas específicas no responde sólo a aspectos organizativos o de ahorro administrativo, que son especialmente relevantes en el contexto actual, sino también a la concordancia en la actuación reguladora de las distintas Administraciones.



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