Las reformas necesarias para crear empleo y el órdago secesionista son las dos grandes prioridades para el 2014.

En su alocución de final de año, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió un mensaje optimista sobre la evolución de la economía el próximo ejercicio. Una esperanza que fió a las medidas que el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha en los próximos meses, entre las que la reforma fiscal  cuyas grandes líneas anticipó ya el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, constituirá el núcleo fundamental. El presidente descartó que sean necesarios grandes esfuerzos durante el próximo ejercicio, y se comprometió a que la recuperación del empleo será palpable. Así, afirmó que a lo largo de 2014 habrá más gente trabajando en España y menos desempleados que en la actualidad, con una cifra que supera los seis millones de parados. Un anhelo que, sin duda, es compartido por el conjunto de los españoles y genera ilusión, especialmente entre aquellos que han perdido su empleo, pero que, para lograrlo, precisará de reformas más ambiciosas de las esbozadas ayer por el presidente del Gobierno. Y es que, como han alertado los expertos durante los últimos meses, la economía deberá alcanzar cuanto antes la velocidad de crucero –que cifran en el entorno del 2%– para que se produzca una creación de empleo sólida y sostenible.

A este respecto, lo que requieren las empresas y los hogares es que la reforma fiscal se concrete en una rebaja generalizada de la elevada presión fiscal que los españoles han venido soportando en los peores años de la crisis. La rectificación de la subida del IRPF que Rajoy aprobó nada más llegar a La Moncloa y que inicialmente debía producirse el próximo año es un objetivo irrenunciable si el Gobierno aspira a una recuperación estable del consumo; del mismo modo que aminorar las cotizaciones sociales facilitará la creación de empleo y la inversión empresarial. Tampoco debe pasar por alto el Ejecutivo las recomendaciones que recientemente emitió la OCDE respecto a la necesidad de profundizar en la reforma laboral, cuyos frutos en cuanto a la creación de empleo son escasos, especialmente en lo relativo al abaratamiento de los costes del despido –aún superiores a la media de la UE y de la anquilosada negociación colectiva. El adelgazamiento de las sobredimensionadas estructuras de la Administración y las medidas para asegurar la normalización de la liquidez hacia el sector productivo también deben formar parte de la acción de Gobierno para consolidar la salida de la recesión que la economía española ha iniciado este año.

Un programa exigente de reformas ineludibles del que no debe distraerle el órdago secesionista planteado por los nacionalistas catalanes, ante el que Rajoy insistió en su posición de firmeza y respeto escrupuloso a lo establecido en la Constitución.