Urgen más soluciones eficaces y valientes y sobran subidas de impuestos y cobardía.

Ante las dificultades que las pymes están encontrando para acogerse al llamado “IVA de caja”, que consiste en que no deben pagar el impuesto hasta que cobren las facturas correspondientes, el Gobierno se dispone a ampliar el plazo inicialmente previsto. Empresas y autónomos dispondrán de un trimestre adicional, hasta el próximo marzo, cuando tiene lugar la primera liquidación del IVA del ejercicio, para realizar los trámites establecidos para beneficiarse de una medida encaminada a dotarles de más liquidez. La ampliación del plazo había sido demandada insistentemente en las últimas semanas por varias organizaciones patronales de autónomos, que alertaban de que muchos profesionales desconocían que la norma y, por tanto, el plazo temporal existente para acogerse a este sistema excepcional debido a la atomización del sector y al desconocimiento habitual de lo relativo a asuntos fiscales por gran parte de ellos.

Uno de los principales obstáculos en los que está encallando la norma es la resistencia de las grandes empresas, excluidas de este sistema por Hacienda, a permitir a sus proveedores que opten por esta novedosa fórmula debido a las consecuencias que tendrá para ellas. Y es que, en buena lógica, puesto que las pymes y los autónomos no abonarán al Fisco el IVA por las facturas que no hayan cobrado, las empresas que las contrataron para la prestación de sus servicios tampoco podrán beneficiarse de las deducciones consiguientes en el impuesto hasta que realicen los pagos que deben a esas pymes. 

Pica para ampliar.

Precisamente, el combate de la morosidad en los contratos comerciales es una de las máximas del Ejecutivo que también está en la raíz de esta reforma. Según el Ministerio dirigido por Cristóbal Montoro, las grandes compañías mantienen de forma generalizada unos dilatados plazos de pago que en ocasiones se extienden hasta 200 días frente al máximo legal de 30 días, de tal forma que se financian gracias a sus proveedores. El cortafuegos establecido con el sistema llamado “IVA de caja” a estas prácticas es un motivo de honda preocupación entre estas empresas, que están amenazando a los pequeños proveedores y autónomos con dejar de contratar con ellos si se acogen a él.

Distribución del mapa empresarial español por tamaño, año 2013. Pica para ampliar.

El Gobierno no debe tolerar esas presiones para mantener un circulo vicioso que ha terminado por asfixiar a 200.000 empresas desde el inicio de la crisis. Ampliar el plazo para que pymes y profesionales puedan beneficiarse de esta medida es una iniciativa a elogiar, pero cabe exigirle también una mayor determinación para que desde una parte importante del propio sector empresarial se intente hacer fracasar una reforma esencial para solucionar el que se ha revelado como el talón de Aquiles de la economía española y que puede comprometer la recuperación que ya se ha iniciado: la falta de liquidez.