La educación es un asunto de Estado, no un instrumento político.

Los estudiantes que sacan malas notas y además adolecen de falta de madurez suelen echar la culpa de sus fracasos a los profesores. Así se están comportando los dirigentes políticos de Cataluña, Canarias, Andalucía, País Vasco y Asturias, que se han negado a aplicar en sus respectivos territorios la nueva ley de Educación (Lomce) aprobada por el Gobierno, que empezará a desarrollarse el próximo curso. Es evidente que estas autonomías se oponen a la norma impulsada por José Ignacio Wert por razones estrictamente políticas: se trata casualmente de cinco de las seis comunidades españolas que no están gobernadas por el PP. Eso indica que están excusándose en las competencias autonómicas en educación para torpedear una de las iniciativas más audaces del Gobierno central.


Pero es que precisamente tres de las rebeldes (Cataluña, Canarias y Andalucía) son algunas de las regiones españolas que peores notas obtienen en las valoraciones del informe PISA, que elabora la OCDE para medir las capacidades de los alumnos y las políticas educativas. Por lo tanto, deberían ser las más interesadas en introducir en sus sistemas las acertadas recetas de la Lomce: impulso a la excelencia académica, refuerzo de la autonomía de los colegios y exámenes de reválida en las distintas etapas, entre otras. No obstante, la política educativa siempre ha sido un caramelo demasiado apetitoso para los gobernantes autonómicos, especialmente en aquellos de corte nacionalista, ya que es el perfecto vehículo de adoctrinamiento ideológico para las nuevas generaciones y una excusa para manejar sustanciosas cantidades económicas.


Esta desobediencia autonómica, sumada a las movilizaciones que ha capitaneado la izquierda en el último año para boicotear los planes de Wert, hace más necesario que nunca que las grandes fuerzas políticas aborden la Educación como un asunto de Estado para que las leyes no cambien cada vez que un Gobierno de distinto partido accede al poder, como ha sucedido desde la Transición. Además, la política educativa debe ayudar a fomentar la cohesión entre todos los españoles y no para levantar muros ideológicos entre ellos. Y, por supuesto, debe dejar un espacio legítimo a la iniciativa privada y a la libertad de los padres.

Comentarios

  1. Pero en serio La Educacion ¿le importa alguien?

    Me temo que no le importa a nadie, más alla de utilizarla para lijar cerebros y hacerles buenos militantes ( buenos socialistas, o buenos peperos, o buenos catolicos etc)

    Pero es que digo a NADIE a los padres de las criaturas menos que a nadie.

    Conozco unos "emprendedores" que se empeñaron para abrir una academia ( privada, de ellos) para:

    A) ofrecer una educacion elevada a niños- con un metodo importado de USA y probado en China)

    B) ofrecerles un programa de desarrollo de memoria e intelgencia por encima de la media ( ni habia, ni hay, nada asi en España)

    Esa educacion debia comenzar en la cuna y suponia un esfuerzo adicional por parte de los padres El proyecto estaba dirigido a familias de clase media, media-baja ( mis amigos eran unos progresistas)

    El resultado economico:Catastrofe tuvieron que cerrar

    Lo bueno es el motivo de la quiebra

    Cuando les explicaban el metodo a los padres, lo entendian, y en torno a un 30% se apuntaba Pero a los tres meses ( a pesar de obtener resultados comprobados en sus hijos) lo dejaban por

    1) dejar de pagar la cuota ( 200 euros mensuales)

    2) que en el futuro tendrian que hacer un esfuerzo economico para seguir dándoles ( y pagándoles) educación por encima de la media durante sus cinco primeros años lectivos Esto ultimo echaba para atras, y eran padres de clase media ¿? que podian pagarlo

    Si a los padres, no les importa la educacion de sus hijos ¿a quien le importa? A nadie

    En realidad los padres no desean tener hijos mas inteligentes que ellos.

    Me temo que la educacion no le importa ni a los padres de los alumnos con que a los politicos....



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