La reforma fiscal en ciernes se presume con una subida del IVA.

La propuesta de los expertos en la que se basará la reforma fiscal que el Gobierno debe presentar en las próximas semanas a Europa confirma que, más que una rebaja, estaríamos ante una reestructuración del sistema tributario orientada principalmente a cumplir la premisa impuesta por el ministro de Hacienda de que no se produzca una pérdida de recaudación, en vez de perseguir un descenso general de la presión fiscal. Para hacerlo, los expertos proponen reducir la enorme cantidad de deducciones existentes en los principales tributos, de forma que converjan los tipos nominales y los reales. España adolece de un sistema fiscal cuya recaudación se sitúa entre las más bajas de la UE en función del PIB a pesar de que los tipos de los grandes impuestos están entre los más elevados de Europa. Esto ha generado un desequilibrio que no sólo es dañino para quienes más los sufren (principalmente, los trabajadores por cuenta ajena y las pymes), sino también, y especialmente en la coyuntura actual, el conjunto de la economía debido al impacto negativo de la elevada presión fiscal sobre la inversión empresarial, la creación de empleo y el consumo.

D. Manuel Lagares.

De ahí que el grupo de expertos que preside Manuel Lagares proponga una rebaja importante del IRPF, que el Ejecutivo elevó en 2011 de forma “temporal” con la promesa de revertir el incremento este año, aunque hace unos meses ya anunciase que no lo haría antes de 2015. Descenso que los fiscalistas piden que afecte con más intensidad a las rentas más bajas, que suman el grueso de la recaudación por IRPF. No obstante, hace unos meses otros expertos alertaron del efecto negativo que estaba teniendo sobre la recaudación en algunos tramos de este impuesto el aumento de los tipos aprobado por el Gobierno nada más llegar al poder. En el plano empresarial, la principal medida sería la eliminación de la mayoría de deducciones que distorsionan la tributación en el Impuesto de Sociedades, lo que provoca paradojas como que algunas multinacionales paguen menos impuestos que la mayoría de las pymes. Esta poda permitiría una rebaja global de los tipos y facilitaría el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Un esfuerzo de simplificación que debe extenderse de forma imperiosa a la profusa madeja fiscal tejida por las comunidades autónomas que constriñe a las empresas y confunde a los ciudadanos.

La parte más impopular de esta propuesta son las medidas de compensación para que la rebaja de estos impuestos no generen un mayor descuadre presupuestario: subir el IVA –en línea con lo que reclama desde hace meses la Comisión Europea–, los impuestos especiales y la fiscalidad medioambiental. Pero antes de proceder a ningún nuevo incremento (en lo que va de legislatura se han subido 45 gravámenes), el Gobierno debe asegurarse que una capa importante de la población y del tejido productivo ve reducida de forma notable la presión fiscal que ahora soporta. De lo contrario, la reforma nacería coja y podría terminar siendo un freno para la recuperación económica en vez de un impulso.