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lunes, 31 de marzo de 2014

La morosidad ancla el imprescindible resurgir del crédito.


 El Gobierno ha expresado muchas veces en público su determinación por acabar con uno de los vicios históricos de la industria nacional: la morosidad en el pago a los proveedores. Pero algunas de sus actuaciones caminan en sentido contrario. Entre éstas habría que contar la última modificación normativa, introducida a través de una disposición final al anteproyecto de ley de financiación empresarial (concebido para aliviar las deudas que asfixian a compañías que, de otra manera, serían perfectamente viables). A través de esta fórmula se habilita a las empresas del comercio minorista para acogerse a la práctica conocida como confirming, que implica que un banco intermedia para adelantar el pago pendiente al acreedor a cambio de un interés.

Pica para ampliar.

Este mecanismo resulta especialmente conveniente para los deudores, ya que permite retrasar los plazos efectivos de pago (que se haría al banco y no al proveedor, que cobraría conforme al plazo legal máximo de 30 días) hasta los 400 días. Pero las asociaciones empresariales no están tan convencidas de que sea beneficiosa para los proveedores, que podrían verse obligados a asumir el coste de esos intereses si quieren cobrar a tiempo y, en algunos casos, pueden verse forzados a asumir el riesgo de cubrir el pago de la deuda en caso de que no lo haga el deudor.

Pica para ampliar.

Los cambios normativos impulsados desde el inicio de la crisis para combatir la morosidad empresarial han resultado fallidos, salvo los planes de pago a los proveedores de las administraciones públicas aprobados por el Gobierno. Pero los plazos de pago en las operaciones entre empresas no han mejorado, sino todo lo contrario. Además, el 80% de las compañías deudoras nunca paga intereses de demora, en la mayoría de los casos porque sus acreedores no los reclaman por temor a perder clientes. De ahí que, más allá de cambios normativos (que, en todo caso, deben orientarse a reducir los plazos de pago imperantes y no a alargarlos), lo realmente importante para solventar el grave problema histórico de la morosidad en España –que, según algunos expertos, habría provocado el cierre de 250.000 empresas en los últimos años– sería un cambio profundo de la mentalidad y de la gestión empresarial. No conviene olvidar que la Comisión Europea se mantiene en guardia por los reiterados incumplimientos de la directiva contra la morosidad en España y ha amenazado con imponer sanciones si no se logran avances a corto plazo.


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