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sábado, 15 de marzo de 2014

Las medidas de los expertos que el Gobierno ha desechado.


 La propuesta de reforma fiscal elaborada por los expertos designados por el Gobierno supone en gran medida una adecuada reordenación de los grandes impuestos en España. Bajo la premisa dictada por la Comisión Europea de elevar el peso de la tributación indirecta y reducir los ingresos obtenidos con impuestos directos, se bosqueja un nuevo esquema cuyas principales medidas entrarían en vigor el próximo 1 de enero y supondrían una inyección a la economía equivalente al 1% del PIB en tres años. Si el Ejecutivo hace caso a lo que proponen estos fiscalistas, que no va a ser el caso, debería llevar a cabo una importante rebaja del IRPF, las cotizaciones sociales y el Impuesto de Sociedades, que serían compensadas con progresivos aumentos del IVA y los impuestos especiales.


Aliviar a los trabajadores. El proyecto de reforma tiene la virtud de rebajar sensiblemente la elevada presión fiscal que soportan en la actualidad los asalariados, que vieron como una de las primeras medidas del Ejecutivo a finales de 2011 para reducir el excesivo déficit público heredado fue un incremento generalizado del IRPF. Un sacrificio que entonces se prometió que sería temporal y se revertiría en 2014, algo que finalmente Hacienda descartó. Junto a ello, los trabajadores han sufrido recientemente el aumento de la cotización de determinados pagos en especie y han visto cómo las autonomías incrementaban su tramo del impuesto. Los expertos consideran que el tipo máximo en Renta no debería superar el 50% (actualmente es el 52%, aunque en algunas regiones como Cataluña se dispara hasta el 56%) y que con el tiempo debería aproximarse a la media europea del 44%. Estos niveles excesivos han generalizado la percepción de que existe un afán confiscatorio por parte de las Administraciones.

Fin al caos en Sociedades. Los expertos quieren acabar con la maraña de deducciones que condicionan la tributación efectiva de las empresas, lo que genera una brecha injustificable entre lo que pagan las grandes compañías y las pymes. Por eso piden eliminar las reducciones actuales, de forma que sea posible rebajar los tipos del impuesto y que su efecto en la recaudación sea prácticamente neutro. También instan un descenso en hasta 3 puntos de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios –que los expertos recomiendan acometer en una segunda fase–, que supondría un impulso claro a la creación de empleo al liberar 10.000 millones de euros, que a su vez sostendría posteriormente en parte esa pérdida de recaudación. Eso sí, conllevaría elevar la contribución de los empleados a la Seguridad Social, que actualmente es una de las más bajas de Europa. Más discutible parece la idea de los expertos de que se eliminen los topes máximos que en la actualidad limitan las cuotas de los trabajadores mejor remunerados.


Lucha contra el fraude. El presidente de la Comisión de Expertos, Manuel Lagares, fue ayer muy explícito al reclamar que se haga más hincapié en la persecución del fraude fiscal para que “la gente no se ría de quien paga impuestos”. Y es que los niveles detectados en España son insostenibles para una economía moderna. El sistema de tributación de los autónomos a través de los módulos está en el centro de las sospechas, por lo que se reclama una derogación completa para adecuar los pagos a su actividad real.

Subir IVA, Especiales y Sucesiones. La compensación de las rebajas fiscales vendrá del incremento en dos fases del IVA para igualarlo a la media europea, de modo que el tipo reducido quede acotado a la vivienda, el turismo y el transporte, en detrimento de sectores como el alimentario, entre otros. Una idea que fue criticada por la patronal, como también el empeño por acotar la corresponsabilidad de las autonomías, a las que se impondría un mínimo exento único en Sucesiones y Donaciones que castigaría a las regiones que han realizado rebajas en los últimos años, y se obligaría a eliminar numerosas tasas e impuestos (entre ellos el anacronismo de Patrimonio), compensándolas con la cesión de los impuestos especiales. En resumen, la propuesta de los expertos es un buen punto de partida para diseñar un nuevo sistema fiscal que permita recaudar de una manera más eficiente.


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