A las Comunidades Autónomas españolas no hay quién les ponga el cinturón.

El desglose del déficit público hecho público ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, arroja varias sorpresas desagradables. La más evidente es que seis comunidades autónomas volvieron a registrar un desfase presupuestario mayor a lo permitido, de las cuales tres (Cataluña, Valencia y Murcia) incumplen por tercer ejercicio consecutivo. Y eso pese a que el pasado verano, ante la evidencia de que no iban a poder cumplir el objetivo de déficit fijado para todos los gobiernos regionales, se les concedió margen adicional –el llamado ‘déficit a la carta’, que también recibieron Andalucía y Baleares–, pero al que tampoco se han ajustado. Una circunstancia que debería hacer reflexionar sobre la inutilidad de esta medida (pues no ha sido un incentivo para que estas autonomías cumplan con el déficit, sino todo lo contrario) y ante la que Hacienda no puede conformarse solamente con las justificaciones dadas por esos ejecutivos regionales. La Ley de Estabilidad Presupuestaria concede al departamento que dirige Montoro margen de actuación para embridar de una vez a estas regiones díscolas.

Pica para ampliar.

Particularmente graves resultan los casos de Murcia, cuya cifra de déficit en 2013 casi duplica el tope que tenía establecido, y de Cataluña, que abiertamente había manifestado su intención de no ajustarse a los límites presupuestarios marcados por Hacienda. Valencia, a diferencia de ambas, ha realizado un esfuerzo notable de recorte, pasando del 3,94% en 2012 hasta el 2,33%, pero aún lejos del 1,6% al que tenía que haberse ajustado. Pese a ello, cabe reclamar que estas administraciones emprendan un ejercicio más severo de ajuste en los próximos meses para poner en orden sus cuentas de una vez por todas. E igual con las comunidades que volvieron a sobrepasarse después de haber cumplido en 2012: Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra. La existencia de gastos imprevistos o diferencias de cómputo no es asidero válido: si estos gobiernos no hubiesen ejecutado un ajuste presupuestario de mínimos y hubiesen sido más ambiciosos en el recorte de sus gastos, seguramente no hubieran incurrido en ningún desfase.

Pica para ampliar.

Tampoco resulta tranquilizadora la situación de la Seguridad Social, cuyos números rojos alcanzaron el máximo del 1,16% del PIB –lo que obligó al Gobierno a recurrir al fondo de reserva en varias ocasiones para poder pagar las pensiones–, o que la Administración central incrementase su déficit al 4,33% frente al 3,8% previsto. La credibilidad recuperada ante la comunidad internacional por España es un bien muy valioso como para ponerlo en juego con incumplimientos constantes del objetivo de déficit establecido por la Comisión Europea, máxime cuando esos desfases (sean de mayor o menor entidad) se deben a la resistencia de algunos políticos a adelgazar las partidas de gasto superfluo que aún ofrecen un margen considerable para ser recortadas sin necesidad de afectar a los servicios públicos esenciales.