Financiación de las CCAA: que cada una cargue con su cirio y penitencia.

Hacienda parece decantarse, de cara a la próxima reforma del sistema de financiación autonómica, porque los gobiernos regionales se hagan responsables, por fin, de la captación de ingresos con que sostener sus programas de gasto que se salgan de la cesta común de servicios públicos esenciales. Las comunidades autónomas se han venido resistiendo hasta ahora a ejercer la llamada corresponsabilidad fiscal, conscientes de la impopularidad de ciertas medidas (especialmente las posibles subidas de impuestos) que deberían asumir para mantener intactas sus sobredimensionadas estructuras actuales, como pretenden. Sin embargo, la realidad insoslayable de las cuentas públicas derivada de la crisis hace imposible que se repita lo sucedido en negociaciones anteriores, en las que los sucesivos ministros de Hacienda terminaban concediendo fondos extraordinarios a las autonomías con los que financiar sus habituales desfases presupuestarios.

El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, insistió ayer en la necesidad de que los gobiernos regionales que pretendan ofrecer más servicios a sus ciudadanos o incrementar la dimensión de sus administraciones busquen la manera de financiarlos. Un argumento similar al que sostiene la Comisión de Expertos para la reforma fiscal en su informe sobre la tributación en España al denunciar la dispersión y los perjuicios a la unidad de mercado que ha provocado el desarrollo de la fiscalidad autonómico. Para solventar este desaguisado, los fiscalistas consultados por el Gobierno instaban a unificar las figuras impositivas en todas las comunidades y establecer unos tipos mínimos que las autonomías podrían elevar en función de sus necesidades, así como establecer más copagos a determinados servicios públicos.

Parece razonable que los gobiernos regionales deban retratarse ante sus ciudadanos si decidan someterles a una carga fiscal mayor a la media nacional con tal de mantener o ampliar sus estructuras administrativas o para financiar sus apuestas particulares de inversión. E igual debería suceder si esos mismos ejecutivos optan por trasladar a sus ciudadanos a través de una rebaja de impuestos los beneficios cosechados con una gestión eficaz y ajustada a sus necesidades reales. La pretensión de los expertos de coartar la capacidad de las autonomías para modificar su fiscalidad a la baja no debería ser atendida por el Gobierno, ya que, de hacerlo, estaría castigando la eficiencia. Un contrasentido.