Hay que poner cordura de una vez por todas en la cuestión secesionista catalana.

El debate mañana en el Congreso de los Diputados sobre la solicitud del Parlamento de Cataluña de las competencias para celebrar un referéndum soberanista el próximo 9 de noviembre no debe convertirse en un enfrentamiento fratricida. Los errores cometidos hasta ahora son múltiples y los esfuerzos para buscar una solución escasos, por lo que de nada serviría que quienes intervengan ante el pleno se limiten a exponer una retahíla de supuestos agravios y afrentas. El resultado de la votación sobre esta propuesta es conocido de antemano, sobre todo después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional anulase la declaración de soberanía en que se sustenta esta petición, que fue aprobada por el Parlamento catalán el 23 de enero de 2013. Pero esta premisa no implica que el debate deba ser inútil. El Gobierno, los representantes del Ejecutivo catalán que defiendan la propuesta y los grupos parlamentarios tienen una oportunidad inmejorable para rebajar la intensidad del enfrentamiento dialéctico e intentar tender puentes que lleven a una solución beneficiosa para todos.

Por eso sería tan conveniente que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, rectifique su decisión inicial y asista al Congreso de los Diputados a defender su propuesta como hizo en 2005 el entonces lehendakari vasco, Juan José Ibarretxe. Poca voluntad de diálogo hay en quien delega tal responsabilidad sólo por miedo a quedar desautorizado ante los catalanes y el resto de los españoles debido a la falta de apoyos parlamentarios a su propuesta secesionista. Artur Mas debe dar la cara en la institución que encarna la soberanía popular y ofrecer nuevas alternativas más allá de su enrocamiento actual en la irreversibilidad de la consulta (pese al pronunciamiento en contra del Constitucional) que ayuden a superar el enfrentamiento abierto por su irresponsable estrategia de avivar el independentismo en Cataluña. Por su parte, el Gobierno debe facilitar una salida razonable a esta situación, pero sin que eso suponga dar un trato privilegiado a esta comunidad autónoma ni retorcer la legalidad vigente para satisfacer las aspiraciones de más autogobierno de parte de la sociedad catalana.

No parece fácil que del debate sobre la consulta independentista pueda surgir algo constructivo para encauzar este desafío al orden constitucional, pero cabe exigir a la clase política en conjunto que esté a la altura de las circunstancias y evite nuevos enfrentamientos y recelos entre los españoles.