España atisba un principio de recuperación, pero no es la locomotora que vende el Gobierno.

Las empresas alertaron ayer al Gobierno contra el optimismo excesivo que existe sobre la recuperación de la economía española. Una encuesta entre los socios del Instituto de la Empresa Familiar, donde participan casi cien de las grandes compañías nacionales, revela que el 68% de ellas teme que el crecimiento del PIB durante este año será “moderado”, contradiciendo así las últimas estimaciones del Banco de España o del propio Ejecutivo, que prepara una revisión del cuadro macro en la que situará el crecimiento potencial de España para este mismo ejercicio en el 1,5%. La divergencia entre las previsiones empresariales y las de la Administración es aún mayor en cuanto a la creación de empleo, ya que el Ministerio de Economía considera que mantendrá la línea ascendente de los últimos seis meses, mientras que las compañías consultadas por esta asociación, grandes generadoras de empleo en otras épocas, barruntan para los próximos meses “una limitada creación neta de puestos de trabajo”.

Pica para ampliar.

Esta llamada de atención se suma a la que realizaron la semana pasada conjuntamente la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, que volvieron a reclamar al Ejecutivo español que no levante el pie del acelerador reformista a pesar de que se haya iniciado la recuperación. Como han demostrado algunos estudios, al principio de las salidas de las crisis es cuando más impacto tienen las medidas para impulsar el crecimiento y el empleo. Precisamente por ello las autoridades comunitarias también reclamaron al Ejecutivo de Rajoy que dilate en exceso la aprobación de las reformas estructurales pendientes (como la reforma fiscal, el recorte de la Administración, la nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral o la liberalización de determinadas profesiones) para que su efecto positivo no se diluya ni tampoco la ambición de las mismas.

En ese sentido, sería conveniente que el Gobierno anticipe lo posible cualquier medida que pueda tener un impacto significativo sobre la mejora del empleo. Los nuevos incentivos en el Impuesto de la Renta para madres trabajadoras que apuntó el pasado martes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, son un buen ejemplo. La elevada carga que suponen las cotizaciones sociales en la actualidad para empresas y trabajadores constituyen un desincentivo mayúsculo para que la economía pueda digerir a buen ritmo la enorme bolsa de desempleados creada por la crisis. Facilitar la generación de nuevos puestos de trabajo sería el mejor conjuro contra cualquier amenaza a la recuperación.