El delicado asunto de las pensiones y su dudosa sostenibilidad.

El impacto de la crisis en las cuentas de la Seguridad Social es de tal calibre que cuestiona si la última reforma del sistema de cálculo de las pensiones públicas, aprobada el año pasado, será suficiente para garantizar su viabilidad. La introducción del llamado Factor de Sostenibilidad perseguía un reparto más razonable en las próximas décadas de los menguantes recursos entre una creciente población beneficiaria, que percibe prestaciones cada vez de mayor importe. Pero lo cierto es que la medida más decisiva no se aplicará hasta 2019, cuando comience a tenerse en cuenta en el cálculo la esperanza de vida de cada generación de jubilados, lo que, por consiguiente, provocará que las nuevas prestaciones terminen siendo inferiores a las actuales. Hasta entonces, eso sí, se moderarán las revalorizaciones anuales, al haber sido desvinculadas del IPC y pasar a depender de la situación patrimonial de la Seguridad Social. Pero si el déficit actual del sistema no revierte en los próximos años (se espera que sus cuentas vuelvan al equilibrio en 2017), sería inevitable aprobar nuevas modificaciones aún más agresivas.

No hay que olvidar que el Gobierno ha tenido que recurrir en varias ocasiones al Fondo de Reserva de las Pensiones para abonar algunas pagas extra a los jubilados, detrayendo de esta hucha unos 18.651 millones, casi una cuarta parte de lo acumulado hasta entonces; si bien parte de esta cantidad ha sido posteriormente reingresada. En paralelo, las aportaciones de trabajadores a la Seguridad Social se han desplomado por la fuerte destrucción de empleo causada por la crisis y los primeros compases de la recuperación de la economía española no se están plasmando en un ritmo de generación de puestos de trabajo suficiente para garantizar la normalización de los ingresos en los próximos años. Eso explica que la tasa de dependencia sea ya de 1,97 cotizantes por pensionista, situándose por debajo del umbral de estabilidad del sistema.

Así las cosas, los expertos no sólo alertan de la urgencia de que los contribuyentes actuales dispongan de una adecuada planificación de su retiro (en el que el ahorro privado sea mayoritario y las aportaciones públicas sólo lo complementen), sino que piden anticipar todo lo posible la entrada en vigor de medidas como el retraso efectivo de la jubilación a los 67 años o la indexación de la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, además de profundizar en aspectos como vincular las prestaciones a la evolución del PIB, aumentar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión o incrementar los incentivos fiscales a la contratación de planes privados. El margen temporal es estrecho si se busca garantizar la permanencia del sistema público de pensiones. Y la próxima reforma no puede ser una suma de parches en espera de que cambie la coyuntura y aumenten los ingresos de la Seguridad Social porque, seguramente, un escenario de boyante superávit del sistema de pensiones ya no se vuelva a producir.