El FMI insta al Gobierno de que cuide de las pymes para salir definitivamente de la recesión.

Si el pasado mes de marzo fue la Comisión Europea quien instó a España una revisión a fondo de la normativa concursal para elevar el grado de supervivencia de las empresas que incurren en concurso de acreedores, ahora es el Fondo Monetario Internacional el que da un tirón de orejas al Gobierno por este mismo motivo. El organismo que preside Christine Lagarde ha elaborado un informe que hará llegar al Ejecutivo en los próximos días en el que enumera los fallos legales que provocan, entre otras razones, que el 95% de las compañías que solicitan la administración judicial por ser incapaces de afrontar el pago de sus deudas acaben liquidándose. Las recientes reformas aprobadas por el Ejecutivo para facilitar los procesos de refinanciación y recapitalización de las empresas sobreendeudadas (medidas que se van a aplicar también a las compañías que ya están inmersas en un concurso) han olvidado, según el FMI, a las pymes y los autónomos, que suponen el grueso de la creación de empleo en España y el 95% del tejido empresarial.

El Fondo va a reclamar al Gobierno que incremente la protección del patrimonio personal de los emprendedores y empresarios, que facilite el recurso a los concursos de acreedores por las pymes (sólo 12 recurrieron a esta fórmula legal en el año 2012), que reduzca la sobreprotección de la deuda contraída por estas empresas con acreedores privilegiados públicos (la Seguridad Social y Hacienda) y que incremente las alternativas existentes para que las pymes puedan reestructurar sus pasivos cuando alcanzan un volumen excesivo. Está por ver la respuesta del Gobierno a este requerimiento, pero la tramitación en curso como proyecto de ley del Real Decreto- ley de refinanciaciones que entró en vigor el pasado 8 de marzo se presenta como un marco inmejorable para introducir mejoras en el sentido que reclama el FMI, algunas de las cuales ya están en vigor en países europeos como Alemania, Reino Unido, Italia e Irlanda. Varias de las medidas incluidas en ese proyecto, que están teniendo amplio éxito entre las empresas afectadas y han sido bien acogidas por la banca y los principales acreedores, como la reducción de las mayorías necesarias para que se aprueben los convenios de acreedores o la posibilidad de recapitalizar las empresas con parte de su deuda darían un importante balón de oxígeno a las pymes en una situación delicada.

Taponar la sangría provocada por el cierre de las pequeñas y medianas empresas y su impacto sobre el empleo debe ser una prioridad inexcusable del Ejecutivo si aspira a que la recuperación económica tenga bases sólidas que permitan una veloz regeneración del tejido productivo destruido por la crisis.