17 mayo 2014

El impuesto que viene. Jorge Sarró.



Poco a poco el Gobierno va avanzando cuáles serán algunas de las líneas maestras de la esperada reforma fiscal. En este continuo goteo de informaciones, ayer le tocó el turno al IRPF, respecto del que el Ministro de Hacienda anunció que los tramos de la tarifa pasarían de los 7 actuales a 5 y que todos los contribuyentes se beneficiarían de una reducción del impuesto.

El IRPF puede catalogarse como el tributo más importante de los que integran el sistema fiscal español, no en vano su recaudación gira en torno a los 70.000 millones de euros, representando el 40% de los ingresos fiscales. Dicha potencia recaudatoria ha propiciado que el Gobierno acudiera a esta figura para intentar cuadrar el desajuste de las cuentas públicas, lo que ha dado lugar a que España cuente en la actualidad con el IRPF más alto del mundo.


En comunidades como Catalunya, la tasa del IRPF alcanza el 56%. Si sumamos a dicha tasa el 21% del actual tipo de IVA, el Impuesto sobre el Patrimonio y otras cargas fiscales tales como las cotizaciones sociales, el IBI, impuesto sobre hidrocarburos, etc., no resulta aventurado hablar, para las rentas altas, de tasas efectivas de imposición superiores al 70%. De cada 100 euros, 70 son para el Estado y 30 para el contribuyente. O si se prefiere, hasta septiembre todo para el Estado.


La presión fiscal es todavía mayor por la necesidad de presentar insaciables estadísticas oficiales de lucha contra el fraude lo que, en una situación de caída de la actividad industrial y de casi nula actividad inmobiliaria, provoca que los recursos de la Administración tributaria se dediquen de forma importante a comprobar el IRPF de los que ya declaran. La complejidad del impuesto y la gestión tributaria a cargo del contribuyente aseguran el éxito de las comprobaciones.

Por más que la situación de déficit obligue a ciertos sacrificios, no parece que un IRPF por encima del 47% para los contribuyentes con ingresos de más 53.000 euros pueda justificarse indefinidamente. Si a ello se le suma un IVA al 21% y un sinnúmero de nuevas tasas e impuestos de todo tipo, no resulta difícil adivinar su impacto negativo en la recuperación del consumo o en la atracción de talento.


Al margen de las dudas que el actual escenario puede plantear desde el punto de vista de los principios constitucionales de justicia y de no confiscatoriedad, cabe preguntarse hasta qué punto la combinación de unos impuestos tan elevados y la concentración de los mismos en las mismas personas físicas declarantes resulta aceptable desde el punto de vista de la moral tributaria y hasta dónde socava la legitimidad del sistema.

Habrá que esperar a conocer si la anunciada reforma modifica sustancialmente el actual panorama o si, por el contrario, el desequilibrio de las cuentas públicas y Europa obligan a mantener los tipos actuales. En uno y otro caso, el IRPF marcará el sentido de la reforma.


Jorge Sarró, Inspector de Hacienda en excedencia
Socio de Rousaud Costas Durán.


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