Francia acude al proteccionismo y siembra un peligroso precedente en la UE.

Francia vuelve a jugar con las cartas marcadas en Europa. El ejecutivo socialista de Manuel Valls, alarmado por la ofensiva de la americana General Electric sobre el grueso del negocio del grupo Alstom –uno de los grandes grupos industriales nacionales franceses– acaba de elevar bruscamente su capacidad de intervención en la economía, dotándose de un instrumento de excepción, una capacidad de veto gubernamental ante las posibles compras por parte de compañías extranjeras –de todo tipo, ya que no distingue ni siquiera entre compañías comunitarias y extracomunitarias– en una gran cantidad de sectores: energía, agua y medioambiente, telecos, transporte y salud. La decisión del Gobierno francés, que algunos medios como Financial Times han equiparado al uso de “armas nucleares” en el campo económico, tiene un desencadenante directo: su fracaso a la hora de torcer la mano al consejo de administración de Alstom, que aprobó –a pesar de la oposición manifiesta del Ejecutivo– la oferta de compra de General Electric. Pero la inspiración de la iniciativa bebe también de fuentes netamente políticas: a diez días de las elecciones europeas, y con unas encuestas claramente en contra –después de sufrir un cataclismo en las recientes municipales– el Gobierno ha pretendido hacer un guiño, a la vez, a los postulados tradicionalmente antiamericanos de la izquierda gala, como a los euroescépticos, que siguen empujando al alza la formación de Marie Le Pen. Cabe preguntarse hasta que punto tiene sentido luchar contra el euroescepticismo si para hacerlo hay que adoptar las medidas que tomarían los euroescépticos si llegaran al poder.

Pero lo verdaderamente importante no es la enésima constatación del cariz proteccionista del Gobierno galo, sea cual sea su color político –la regulación sobre la que se apoya el decreto proteccionista fue aprobada en 2005 por el conservador Dominique de Villepin con Jacques Chirac en el Elíseo– sino la respuesta que suscite en las instituciones comunitarias. La historia muestra que la Comisión Europea, débil con el fuerte y fuerte con el débil, tiende a hacer la vista gorda cuando los que violan flagrantemente la legislación comunitaria –y este decreto atenta contra la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales– son los primos de zumosol de la eurozona, es decir, Francia y Alemania. Por ahora, la primera reacción comunitaria, a cargo del comisario de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, es más que decepcionante por su tibieza.