20 mayo 2014

Las reformas económicas pendientes no pueden esperar más tiempo, ni del gobierno ni de la UE.


 La economía española afronta un momento decisivo para consolidar la recuperación que los principales indicadores ya ponen de manifiesto y sentar las bases para un crecimiento sano y sostenible para las próximas décadas. Revitalizar la industria, duramente castigada por la crisis, y potenciar la presencia en el exterior de las empresas medianas y pequeñas deben ser tareas prioritarias.


La aportación del sector industrial resultará determinante para que la creación de puestos de trabajo pueda adquirir velocidad de crucero, debido a su efecto arrastre sobre el resto de actividades económicas y el carácter más estable del empleo generado. Por eso los planes del Gobierno para que la industria vuelva a representar un 20% del PIB nacional en el año 2020 deben agilizarse todo lo posible, especialmente en lo relativo a la reducción de costes externos (energéticos, regulatorios, impositivos, etc.) que soportan las empresas en la actualidad. Desbrozar el camino a quienes de verdad pueden impulsar una significativa reactivación de la capacidad de generar empleo es una máxima ineludible. Es en este contexto en el que la reforma fiscal que prepara el Ministerio de Hacienda adquiere una importancia capital. Una rebaja impositiva que libere recursos financieros para la iniciativa privada no solo servirá para incentivar la inversión productiva y a su vez propiciar la creación de nuevos puestos de trabajo, sino que también será clave para espolear la recuperación definitiva del consumo privado, que es el motor que aún le sigue faltando al crecimiento económico.

En paralelo, deben implementarse el resto de las grandes reformas pendientes, entre las que sobresale el necesario adelgazamiento de las Administraciones Públicas en todos sus niveles y de la ineficaz órbita de entes, organismos y empresas que las rodea; así como la revisión que precisa la reforma laboral y que han reclamado varios organismos internacionales para hacer más eficiente el marco regulatorio. La normalización del crédito hacia el sector privado y la potenciación de fórmulas alternativas de financiación se hacen igualmente necesarias para que los motores de la economía adquieran velocidad de crucero.


Como ha demostrado la crisis, la ligazón de la economía española y la europea es cada vez más estrecha, por lo que el reforzamiento de las estructuras de la UE condicionará la capacidad futura de crecimiento. Eso pasa por avanzar hacia una verdadera unión fiscal, con una autoridad macroeconómica común y la emisión de deuda pública europea (los famosos eurobonos).


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