23 mayo 2014

Normalizar el pago empresarial, o como acabar con nuestras malas costumbres para salvar un importante número de pymes.


 El Gobierno prepara un endurecimiento de la ley contra la morosidad para tratar de acabar de una vez por todas con los aplazamientos excesivos de los pagos entre empresas y sus proveedores. Las nuevas medidas estarán dirigidas principalmente a poner freno a las prácticas de aquellas grandes compañías que imponen a sus socios unos plazos de pago superiores al máximo que permite la normativa actual: 60 días. Unos acuerdos que, pese a estar prohibidos, persisten a día de hoy, como se demostró en la aplicación práctica del llamado IVA de caja. Esta fórmula, pensada para inyectar liquidez a las pymes al retrasar el pago del impuesto hasta que cobrasen las facturas, en vigor hasta el pasado mes de marzo, apenas fue usada por las empresas de pequeña y mediana dimensión debido, según denunciaron, a las presiones de las grandes empresas que dejaban de poder beneficiarse a su vez de las deducciones anticipadas por IVA hasta que abonasen efectivamente los pagos pendientes; algo que a ojos de Hacienda probaría la existencia de acuerdos ilegales para retrasar los pagos a sus proveedores.


El Ejecutivo es consciente de que las sucesivas reformas de la ley contra la morosidad han fracasado (el plazo medio de pago es de 99 días) y que la Comisión Europea vigila de cerca estos incumplimientos, que contravienen la directiva comunitaria sobre plazos de pago entre empresas, bajo la amenaza de imponer duras sanciones. Por ello se dispone a actuar en dos campos. Por un lado, imponiendo multas a las grandes empresas que no cumplan lo establecido en la ley. Y, por otro, obligando a las compañías de mayor tamaño a ser mucho más transparentes con sus plazos de pago. Exigencia que será especialmente intensa para las empresas cotizadas, que deberán reflejar estas prácticas en sus cuentas anuales, que deben ser aprobadas anualmente por sus accionistas.

Mapa de la morosidad empresarial. Pica para agrandar.

La elevada mortandad de empresas por asfixia financiera que ha provocado la crisis justifica que el Gobierno ataque con dureza los comportamientos que puedan causar nuevos cierres. Pero, de igual manera, el sector público debe ser el primero que pague a tiempo (como máximo 30 días) a sus proveedores. Históricamente, autonomías y ayuntamientos han sido los peores pagadores, una situación que se consiguió revertir gracias a los planes de pago impulsados por Hacienda en los últimos años, pero que no puede volver a producirse nunca más. Sólo así se erradicará la morosidad de las operaciones comerciales.


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