Por fin se van equiparando autónomos y trabajadores por cuenta ajena.

La apuesta del Gobierno por fomentar el autoempleo como una de las vías para tratar de reducir las enormes cifras de paro le ha llevado a aprobar una serie de reformas encaminadas a mejorar la regulación laboral que afecta a estos trabajadores, tales como la tarifa plana en sus cotizaciones a la Seguridad Social, diversas bonificaciones o las facilidades a la contratación de nuevos trabajadores a través del contrato de emprendedores; además de medidas fiscales como el denominado IVA de caja (por el que se demora el pago del impuesto hasta el cobro efectivo de las facturas emitidas). Un abanico al que en breve se van a sumar otras dos grandes reformas, largamente demandadas por este colectivo. Por un lado el Ministerio de Hacienda ya ultima una rebaja de las retenciones en el IRPF para este tipo de profesionales, que pasarían del 21% actual hasta un 19%, al tiempo que se creará un nuevo tipo reducido del 15% para las actividades con ingresos más bajos. Y, por otro, el Ministerio de Trabajo ha introducido en la nueva Ley de Mutuas una sensible ampliación de la cobertura por desempleo para los autónomos.

Aunque cotizar para tener derecho a percibir esta prestación en un futuro seguirá siendo voluntario, se van a dar facilidades para que los profesionales por cuenta propia se acojan a esta cobertura. Para ello se rebajará del 30% al 10% la caída de la cifra de negocio que los autónomos tendrán que certificar para poder solicitar esta prestación, aunque también estarán habilitados a reclamarla por causas de fuerza mayor o si existe una declaración judicial de concurso por pago de deudas que al menos comporten el 30% de los ingresos del ejercicio anterior. También los directivos que trabajan como autónomos podrán acogerse a esta cobertura, siempre que coticen por ello, y las empresas que les contraten podrán despedirlos si atesoran pérdidas que puedan superar un 10% de sus ingresos durante un año. Un recurso del que también dispondrán aquellos autónomos que trabajen para un único cliente (o cuando el contratista principal represente al menos el 90% de sus ingresos) si éste prescinde de sus servicios.

En suma, se introducen medidas de flexibilidad en la normativa laboral de los autónomos a la vez que se añaden elementos de seguridad siguiendo el esquema de los países escandinavos, denominado flexiseguridad. Aun así, el Gobierno todavía debe mejorar el trato a los autónomos en asuntos como la ley recientemente aprobada para facilitar las refinanciaciones de empresas viables pero sobreendeudadas, de la que fueron excluidas, al igual que las pymes, lo que provocó hace unas semanas la denuncia pública del FMI.