Urge poner orden entre las autonomías.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha citado para este jueves a los consejeros autonómicos del ramo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicarles el detalle de la reforma fiscal aprobada la semana pasada que, a pesar de las especulaciones realizadas al respecto, no incluye ninguna novedad de relevancia para las arcas públicas de las comunidades. El alto cargo del Gobierno reconoció tras el Consejo de Ministros que la modificación de los tributos regionales queda aplazada sine die o, al menos, hasta que se aborde la financiación autonómica.

Este retraso no hace sino impacientar a los barones regionales, enfrentados por la cuestión financiera prácticamente desde el inicio de la legislatura, y, lo que es más grave, aumenta las sospechas de que el Ejecutivo no tiene bien diseñado lo que pretende hacer con el melón territorial. Montoro tiene que encarar ya el reparto de los fondos autonómicos, tanto por la vía del modelo de financiación como en el rediseño de los impuestos cedidos.

Desde que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara una revisión del modelo de financiación en la Conferencia de Presidentes de octubre de 2012, los movimientos de Hacienda al respecto han brillado por su ausencia. Mientras, se han ido formando diferentes bandos autonómicos, entre quienes piden una reforma del modelo urgente y quienes prefieren dejarlo como está, todo ello azuzado por el ruido del desafío soberanista de la Generalitat  que ha contagiado en cierto grado el virus de la insolidaridad al resto de comunidades autónomas. Hacienda, en vez de atajar esta conflictividad creciente, ha optado por ver si la patata caliente se enfriaba sola, cosa que no ha ocurrido.

El Gobierno debe atacar ya este problema, poner orden en el mapa tributario autonómico, terminando con la ineficiencia y distorsión de una amalgama de impuestos y tasas autonómicas que representan un perjuicio para el crecimiento económico y la unidad de mercado. Y acto seguido, es necesario que establezca un nuevo modelo de financiación inmune a los caprichos nacionalistas y centrado exclusivamente en financiar correctamente el Estado de Bienestar de todos los españoles. La reunión de este jueves es un buen momento para iniciar este debate. Los titubeos constantes debidos al cercano calendario electoral de 2015 no hacen sino agravar una parálisis reformista incompatible con la delicada situación económica de España.