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jueves, 18 de septiembre de 2014

Por fin un esbozo de política industrial tras casi tres años de legislatura.


El plan de reindustrialización de la economía española que presentó ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, supone el primer intento serio en muchos años de instaurar una política industrial coherente y ajustada a la realidad de la economía española. Esta propuesta, que es la respuesta del Gobierno a la llamada de alarma que lanzó hace unos meses la Comisión Europea por la enorme pérdida de tejido productivo sufrida por España durante la recesión, contiene 97 medidas enfocadas a objetivos tan ambiciosos como estimular la demanda de bienes industriales, estabilizar el coste de la energía, aumentar el tamaño medio de las pymes o adecuar el modelo educativo a las necesidades de las empresas. Pero la experiencia previa invita a ser cautos. No son pocos los planes de Ejecutivos anteriores que han quedado en papel mojado o han fracasado estrepitosamente; basta recordar la costosísima apuesta del Gobierno de Zapatero por impulsar las energías renovables a través de generosas subvenciones públicas que acabaron disparando el déficit eléctrico. Por eso, Soria y su equipo deben afanarse para que lo presentado ayer no se quede en un mero ejercicio de voluntarismo.


La aportación de la industria es imprescindible para dotar a la recuperación de la economía española de bases sólidas e imprimir mayor velocidad a la mejora actual del empleo. Para alcanzar el reto de que este sector vuelva a aportar el 20% del PIB (frente al 15,9% que representa en estos momentos) será necesario que se concreten e implanten cuanto antes las medidas anunciadas ayer por el Ministerio. No hay que olvidar que los periodos de maduración de las inversiones realizadas en la industria son más dilatados que en otras actividades productivas. Sin embargo, los puestos de trabajo que se generan suelen gozar de una estabilidad superior y tienen un mayor impacto en la capacidad exportadora del conjunto de la economía. De ahí que sea una buena idea apostar por industrias que provocan efecto arrastre sobre otras actividades auxiliares o complementarias (como sucede con el automóvil y las fábricas de componentes).


Por otro lado, para impulsar la industria serían además convenientes otras reformas como un replanteamiento de las ayudas y subvenciones públicas actuales en función de su eficacia, una rebaja agresiva de las cotizaciones sociales, aliviar el exceso de regulación nacional, autonómica y local, o aumentar la competencia en los sectores regulados.


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