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lunes, 22 de septiembre de 2014

Unos presupuestos generales con muchas variables e incertidumbres.


Los Presupuestos del Estado para 2015, a los que el Consejo de Ministros dará luz verde el próximo viernes, deben cimentar la recuperación. Pero teniendo en cuenta que España todavía debe cumplir el compromiso de reducir el déficit público, que el próximo año tiene que situarse en un exigente 4,2% del PIB, será necesario reorientar la inversión pública hacia las partidas que más incidan en el crecimiento y la creación de empleo, aprovechando además el abaratamiento del servicio de la deuda y del coste total de las prestaciones por desempleo, junto a la eliminación definitiva del gasto superfluo a través de una reforma más profunda de la Administración, que ya ha permitido ahorrar 10.417 millones de euros, según el Gobierno. Por el lado de los ingresos, cabe exigir una rebaja fiscal más agresiva que alivie antes la excesiva carga tributaria soportada por ciudadanos y empresas, para que tengan mayor capacidad de consumir e invertir y generar puestos de trabajo, respectivamente.


A pesar de la desaceleración de la economía europea en los últimos meses, se prevé que las medidas aprobadas recientemente por el BCE impactarán plenamente sobre la zona euro a lo largo de 2015. Una coyuntura más favorable que el Ejecutivo debería aprovechar para aprobar reformas de calado como la necesaria rebaja de las cotizaciones sociales que abarate el empleo y que han propuesto de forma reiterada el FMI, la Comisión Europea o la OCDE. Su efecto sobre la recaudación fiscal bien podría compensarse con un incremento de la imposición indirecta, para lo que existe margen, además de los ingresos que se generen por el repunte inducido de la actividad. La situación de las cuentas de la Seguridad Social y las tensiones futuras que debe afrontar por el aumento del número de pensionistas y del importe medio de las prestaciones –el desembolso en pensiones equivale ahora al 12% del PIB– así lo aconsejan. Frente a ello, son insuficientes las medidas aprobadas para racionalizar el coste de las pensiones, lo que convierte en obligación imperiosa el reto de incrementar a corto plazo la base de cotizantes.


Una de las partidas que determinará el carácter de los Presupuestos de 2015 será la inversión en infraestructuras, que representa apenas un tercio que antes de la crisis. Cualquier aumento del gasto debe basarse en criterios de productividad, teniendo en cuenta, además, que apostar decididamente por la colaboración público-privada abarataría su coste para las arcas públicas.

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