Brote verde: 500.000 puestos de trabajo agrarios a la basura.

El Parlamento Europeo ratificó ayer con una aplastante mayoría el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos sin que el voto negativo en bloque de los eurodiputados españoles pudiera cambiar la situación. Las asociaciones agrícolas pusieron el grito en el cielo, ante las pérdidas que prevén que van a asumir, que sitúan entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año.

 De hecho, los productores españoles recurrirán el nuevo acuerdo agrícola ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.

 Este convenio significa la liberalización de la mayor parte de la huerta marroquí y un aumento en las cuotas de entrada de productos especialmente sensibles para los agricultores españoles de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, como tomate, calabacín, pepino, ajo, fresa o clementina.

 Los grandes grupos de la Eurocámara, así como también la Comisión Europea y el Consejo (en el que Francia tomó una posición especialmente activa), han conseguido en los últimos meses imponer un acuerdo que enmarcan “en el contexto del apoyo de la UE a la primavera árabe”, tal como señala una resolución conjunta de los grupos aprobada ayer.

 Los partidarios del acuerdo también destacan que pese a las preocupaciones que pueda representar para algunos agricultores europeos, la liberalización también beneficiará a los productores de carne, leche, cereales y conservas europeos en sus exportaciones al vecino africano. Para más Inri, en el acuerdo no se concretan posibles compensaciones para la huerta española, una de las más afectadas, como pedían los eurodiputados españoles, entre ellos la socialista Josefa Andrés en una enmienda.

 Sí se reconoce en el texto, como pedía la eurodiputada riojana Esther Herranz (PP), que existe “fraude en el sistema de precios de entrada”, esto es, que entran en el mercado europeo hortalizas y frutas que luego se venden por debajo del precio declarado en aduana.

 Los eurodiputados del PP español han señalado que el acuerdo supone un aumento de los contingentes de exportación de frutas y hortalizas marroquíes a la UE con respecto al acuerdo actual, sobre los que ya se han detectado graves incumplimientos en los últimos años, y han reprochado a la Comisión Europea su “pasividad” ante este fraude.

 No han salido adelante sin embargo las reivindicaciones de los eurodiputados Raul Romeva (ICV), Ana Miranda (BNG), Willy Meyer (IU) y Francisco Sosa Wagner (UPyD) de que el acuerdo no incluyera el territorio del Sáhara Occidental, ya que consideran que el derecho internacional le reconoce la capacidad para decidir sobre sus propios recursos naturales.

 Precisamente los eurodiputados españoles han repetido estos días el argumento de que el acuerdo con Marruecos no beneficiará al pequeño agricultor marroquí. Según un informe elaborado por el ecologista francés José Bové, los grandes beneficiados del acuerdo serán las grandes multinacionales exportadoras, que además son europeas.

 La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), estima que el convenio con Marruecos hace peligrar más de 450.000 unidades de trabajo agrario, y solo para el contingente del tomate están en riesgo entre 3.500 y 3.600 jornales anuales en el campo español.

 Esta misma organización es la que llevará la voz cantante en el proceso que se abre en el TUE. El recurso se basa el “duro mazazo” que se asesta al campo español, ya que hipoteca el futuro de 250.000 explotaciones hortofrutícolas.

 “No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como la UE abandona a su suerte a los productores de frutas y hortalizas españoles, facilitando la entrada sin control de productos marroquíes cultivados con sueldos de miseria, con nulas garantías sociales para los trabajadores y con la utilización de fitosanitarios para el tratamiento de plagas prohibidos hace décadas en la UE por su agresividad”, afirmó el responsable de COAG, Andrés Góngora.

 Os extiendo un vídeo con las opiniones de los representantes agrarios españoles respecto al acuerdo en el que cifran el impacto de la medida:

COAG detallará en su argumentación jurídica ante el Tribunal superior de la Unión Europea que las producciones procedentes de terceros países que no cumplen con las exigentes normativas europeas en materia laboral, social, ambiental, etc…, provocan un desequilibrio evidente en el mercado europeo y una competencia desleal para los productores agrarios comunitarios, ya que las importaciones no juegan con las mismas condiciones de legalidad y lealtad que todos los agentes del mercado.

Fuentes: Diario Expansión versión escrita y el Gabinete de Comunicación de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos españoles (COAG).