La amnistía fiscal, ¿premiar al tramposo o aumentar la recaudación y paliar la ausencia de crédito?

La amnistía se aplicará principalmente a capitales ocultos en paraísos fiscales y a operaciones opacas generados entre 2007 y 2010 que se puedan acreditar, que recibirán un recargo del 10%. Este Decreto no atañe, por lo tanto, al dinero en efectivo, porque no puede demostrarse que se tuviera con anterioridad a 31 de diciembre de 2010, fecha límite de aplicación de la medida. Lo mismo pasará con el oro o monedas.

 Así, el Decreto se dirige a “los contribuyentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con sus rentas declaradas […], siempre que hubieran sido titulares a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición”. La norma entró en vigor el pasado sábado.

 La OCDE y la Comisión Europea han conseguido fijar el final del secreto bancario en 2014. La banca suiza lleva meses instando a sus clientes a que regularicen sus cuentas. Según la firma de analistas Helvea, citada por el rotativo francés Le Parisien, los bancos suizos guardan unos 45.000 millones de euros de clientes españoles.

 El Gobierno también quiere atraer a las operaciones inmobiliarias opacas que se han desarrollado en España por españoles y no residentes.

 Pero la amnistía no aflorará los cerca de 60.000 millones en efectivo, en billetes de 500, que hay en España. Por este Decreto y por el de lucha contra el fraude fiscal, que limitará el uso de efectivo en operaciones entre empresas o entre empresas y particulares, y que según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, saldrá del primer Consejo de Ministros después de Semana Santa. Hacienda estudia que el límite al efectivo sea entre 1.000 y 3.000 euros. Según se rumorea; podría rondar los 1.500 euros. 

 Con el marco temporal de la amnistía, el Gobierno consigue llegar a 2007, el último año en el que la situación económica no estaba tan deteriorada. Y si hubiera delito, podría llegar a 2006, aunque esos casos prescriben ahora en julio y cabe suponer que los afectados esperarán a que prescriban.

 La amnistía podría recaudar mucho más de los 2.500 millones que alega el Gobierno. Despachos de abogados y fiscalistas cuentan que a algunos de sus clientes les preocupa el que los intereses y dividendos de lo que se aflore tributarán en el futuro y se puede pagar más de lo previsto. Todo ello, contando con que no haya represalias como las que sufrieron algunos contribuyentes después de la amnistía de Solchaga en 1991.

 Por estos motivos, Antonio Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cree que “para que la regularización tenga resultados positivos, es necesario reforzar la seguridad jurídica, en particular, en relación a las rentas que proceden, a su vez, de rentas que tienen su origen en ejercicios o periodos prescritos”. En definitiva, añade, “quien opte por regularizar ha de tener las garantías necesarias de que lo hace correctamente, de acuerdo con criterios previamente establecidos que eviten cualquier conflicto posterior con la Hacienda Pública”.

 Así, Durán-Sindreu hace hincapié en no iniciar ninguna actuación administrativa (comprobación o inspección) hasta la finalización del periodo voluntario para presentar la declaración voluntaria. Según Aedaf, la regularización voluntaria “no prevé las consecuencias fiscales que pueden existir en otros impuestos”. Por ejemplo, los fiscalistas consultados creen que el Decreto afectará también al Impuesto del Patrimonio, vigente en 2007 antes de su última eliminación. Y no se aplica ni en País Vasco ni en Navarra, que podrían desarrollar normas en la línea.

 Por último, esos capitales que aflorarán serán, en parte, destinados a la creación de empresas gracias a las facilidades que promete este Gobierno a los futuros emprendedores en los próximos meses y el amparo de la nueva reforma laboral. 

 En definitiva, nadie duda de la ausencia de moralidad en este Decreto Ley de la amnistía fiscal... pero dada la situación extrema de la economía nacional el pragmatismo y, sobretodo, la necesidad deben de anteponerse a dicha moralidad al menos de forma circunstancial.