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sábado, 16 de febrero de 2013

A propósito de la Reforma de la Administración Local.


El Consejo de Ministros aprobó ayer el primer informe de la reforma Administración local, que corrige sensiblemente el primer anteproyecto que estudió el Gobierno en julio de 2012, cuando el Ejecutivo se enfrentaba a la posibilidad real de que las autoridades comunitarias intervinieran a España. Entonces Rajoy anunció junto con la subida del IVA las líneas maestras del rediseño de la Administración local, planteando un recorte del 30% de los concejales, la eliminación de la mayoría de los asesores de los ayuntamientos y la clarificación de las competencias. Sin embargo, el Gobierno ha tenido que rehacer su proyecto inicial tras las negociaciones con los alcaldes para garantizar la viabilidad del plan. 


Lo que más llama la atención a la opinión pública es que ya no se despedirá a los ediles como se prometió en julio del año pasado (ahora sólo cobrarán el 18% de los concejales) y que tampoco se eliminarán drásticamente todas las entidades locales menores (únicamente se suprimirán aquellas que no presenten sus cuentas en menos de tres meses). Sin embargo, sólo se podrá comprobar el éxito del giro de 180 grados que el ministro de Hacienda quiere dar a las administraciones si se convierte en realidad una de las máximas que Mariano Rajoy repetía constantemente durante la campaña electoral: “Una Administración, una competencia”. 


El anteproyecto que estudió ayer el Ejecutivo avanza en la buena dirección, porque descarga a los ayuntamientos de prestar los servicios sociales, la sanidad y la educación. Es lógico que las comunidades financien al 100% todas las políticas relacionadas con sus competencias, aunque también es cierto que la asfixia financiera que viven obligará al Gobierno a diseñar en breve un nuevo sistema de financiación que permita a las autonomías recuperar la confianza de los inversores, perdida por culpa del despilfarro durante años. La reforma local también avanza en la buena dirección al prohibir la creación de nuevas empresas públicas (que han servido recurrentemente como tapadera del descontrol del gasto) si no se justifica su eficiencia práctica. 


Otro de los avances de la norma es que establece que los Presupuestos Generales del Estado fijarán a partir de 2014 un tope a los sueldos de los alcaldes, de los concejales, de los directivos del sector público empresarial que depende de los ayuntamientos y, en general, de todos los empleados públicos. Si este plan no consigue los efectos deseados, Rajoy deberá apostar por la fusión de municipios como en otros países de la UE en similar situación a la nuestra.


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