Un poco de luz en la guerra autonómica española.

Las balanzas fiscales –el saldo entre la Administración central y las comunidades autónomas de lo que se recauda y se gasta en cada territorio– son un arma arrojadiza de los gobiernos regionales para denunciar ante sus ciudadanos un supuesto maltrato fiscal del Gobierno central y, reclamar más fondos. El Ministerio de Hacienda ha anunciado la actualización de las balanzas fiscales, que se publicarán dentro de un mes. Independientemente de los datos que se desvelen, su contenido ya está viciado por las reclamaciones autonómicas en aras del nuevo modelo de financiación y, sobre todo, por el desafío independentista de la Generalitat de Cataluña, que esgrime su déficit fiscal como argumento para la secesión.

Las balanzas fiscales suponen en sí un flaco favor a la defensa de la cohesión del Estado del Bienestar. Entiende la recaudación tributaria por territorios, señalando a las autonomías que más aportan como si se tratara de una elección del Gobierno, y no como consecuencia de mayores niveles de renta en las regiones más ricas y que, por lo tanto, desembocan en una mayor aportación al conjunto del Estado. También sirve a algunas autonomías para denunciar las transferencias que hace el Estado a regiones más pobres en concepto, por ejemplo, de prestaciones por desempleo o gasto en pensiones. La simple reducción de estas variables a un saldo fiscal entre autonomías ningunea el verdadero objeto del modelo territorial español: la solidaridad.

Ante este panorama, el Gobierno ha encargado a un grupo de expertos la elaboración de las nuevas balanzas. Según el borrador introductorio, los economistas pretenden ir más allá de los meros números, y presentar a la opinión pública datos para evaluar la racionalidad y equidad del reparto. El foco del estudio se centrará en el análisis de los distintos servicios públicos, como Sanidad, Educación, Justicia o Seguridad, y averiguar si su financiación per cápita es o no similar entre autonomías. También tendrá en cuenta aquel gasto difícilmente territorializable, como el militar o el presupuesto en embajadas y consulados, que benefician a un territorio aunque no haya recibido directamente su inversión. Además, se busca eliminar de la ecuación aquellos gastos sobre los que no cabe arbitrariedad, como el desempleo o las pensiones. Por ahora, parece un intento positivo de comprobar la igualdad en la prestación de servicios, y de alejarlo del ruido interesado de ciertos gobernantes para defender sus intereses políticos.