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domingo, 15 de junio de 2014

Cal y arena: vendemos la participación en AENA y añadimos competencia a RENFE pero también insisten en una nueva subida del IVA.


Conjurando los temores de que el resultado de las pasadas elecciones europeas pudiese condicionar la hoja de ruta de las reformas pendientes, el Gobierno dio ayer un nuevo impulso a las medidas liberalizadoras encaminadas a dar mayor dinamismo a la recuperación económica en marcha. El visto bueno del Consejo de Ministros a la privatización del 49% del gestor aeroportuario Aena, que debido a su volumen de capitalización aterrizará a corto plazo en el Ibex 35, junto a la decisión de adjudicar mediante concurso público la entrada de un nuevo operador ferroviario de transporte de viajeros en el corredor del Levante (Madrid-Valencia), supone una señal inequívoca de esta ambición. Los organismos internacionales han venido reclamando al Ejecutivo español un incremento sensible de la competencia en los sectores regulados, por lo que ambas decisiones constituyen pasos positivos para lograr que la economía española sea más dinámica y atraiga más inversión extranjera.


No cabe duda que tanto la OPV de Aena como la posibilidad de competir frente al monopolio de Renfe en el transporte de viajeros por ferrocarril van a atraer al capital foráneo interesado en tomar posiciones en España para sacar réditos de la recuperación económica. Además, estos procesos deben generar importantes ingresos para las arcas públicas, lo que también es una buena noticia. El impulso liberalizador está en el adn de toda economía moderna, un proceso en el que España, una vez concluidas las grandes privatizaciones de empresas públicas y la apertura a la competencia de los principales sectores, acumula un cierto retraso. De ahí la relevancia de normas todavía en tramitación como la de liberalización de los servicios profesionales, la eliminación incluida en la ley de mercado único de las trabas detectadas en la normativa autonómica o la introducción de una mayor competencia en las actividades reguladas. Sin olvidar el imprescindible adelgazamiento de las sobredimensionadas estructuras de la Administración Pública, un recorte que debe incluir necesariamente una importante reducción de las miles de empresas que todavía pertenecen al Estado y, sobre todo, a las comunidades autónomas.


La ambición de las reformas pendientes que el Gobierno tiene encima de la mesa puede condicionar la velocidad que adquiera en los próximos meses la economía española.

Hacienda se suma a las instituciones que claman por una nueva subida del IVA.

Una nueva voz autorizada se sumó ayer al coro que reclama al Gobierno que aumente de nuevo los impuestos indirectos, sobre todo el IVA, para garantizar que se cumple el objetivo de reducción del déficit y obtener el margen suficiente para poder realizar una rebaja importante de la tributación directa (IRPF, Sociedades, etc.): fue el Banco de España. En su informe anual de 2013, la entidad dirigida por Luis María Linde se une a los expertos de la Comisión Lagares para la reforma fiscal, a la Comisión Europea y al FMI, que anteriormente habían trasladado una propuesta idéntica al Ejecutivo, con el argumento de mejorar la eficiencia del sistema impositivo; esto es, aumentar la recaudación. Sin embargo, parece difícil que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a diferencia de las ocasiones anteriores en que se la ha propuesto, vaya a aceptar ahora esta idea, especialmente teniendo en cuenta que la mejora de los ingresos fiscales provocada por la recuperación económica en curso y las medidas recién aprobadas por el BCE para aumentar la liquidez en la zona euro conceden un mayor margen de actuación al Gobierno en materia tributaria.


Esta resistencia numantina a subir el IVA (sea por temor a su efecto en el consumo o por miedo a un castigo electoral) no puede condicionar la ambición de las rebajas de impuestos prometidas. La elevada presión fiscal que soportan actualmente empresas y familias se ha convertido en un lastre para la inversión y la creación de empleo, lo que aumenta la exigencia sobre la reconfiguración del sistema tributario español que Hacienda presentará en breve y que debería impulsar la recuperación.


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