El sistema de pensiones y su futura reforma. Las pautas.

Uno de los principales desafíos a largo plazo que afronta la economía española es el demográfico. El envejecimiento progresivo de la población, a consecuencia del acusado descenso de la natalidad en los últimos años y el incremento de la esperanza media de vida, va a tener consecuencias inevitables para la sociedad y la economía nacionales, lo que exige la puesta en marcha a tiempo de una estrategia transversal para paliar sus efectos. El impacto más evidente lo sufrirá el sistema público de pensiones, debido a que la esperada pérdida de población activa hará descender en consecuencia la cifra de cotizantes a la Seguridad Social, condicionando de manera dramática su sostenibilidad futura. Un informe de la patronal CEOE alerta de que hasta el año 2025 el sistema perderá a 1,9 millones de contribuyentes netos, una caída que será más acusada entre los trabajadores entre 25 y 44 años, que componen el núcleo del mercado de trabajo en España, mientras que el número de jubilados con derecho a prestación aumentará de forma considerable. 

La sensibilidad de las cuentas de la Seguridad Social a este tipo de vaivenes pudo comprobarse con su entrada en déficit en 2011 tras la fuerte destrucción de empleo provocada por la crisis, que redujo en 3,5 millones de personas la nómina de cotizantes netos al sistema público de pensiones en tiempo récord. Es de prever, por tanto, que algo parecido suceda en las próximas décadas por el efecto vegetativo proyectado. De ahí que parezca insuficiente la reforma de las pensiones aprobada hace tres años para introducir el denominado factor de sostenibilidad en el cálculo de las nuevas prestaciones y la actualización periódica de las pensiones que ya se están pagando, que además no se aplicará de forma completa hasta 2019. No sólo por el previsible descenso de los ingresos del sistema, sino por las estimaciones que vaticinan que el aumento del gasto público en el capítulo de pensiones sería exponencialmente mayor debido a que las prestaciones que deberían recibir los nuevos pensionistas en los próximos años también serían más elevadas que las actuales. Un encarecimiento que comenzó a producirse recientemente y que ha provocado que el Gobierno haya debido recurrir en más ocasiones de lo previsto al Fondo de Reserva. 

Revertir esta tendencia se configura así como una tarea imperiosa, bien aumentando los índices de natalidad, bien los flujos migratorios, ya que la población extranjera (con mayor porcentaje de trabajadores que pensionistas) se ha reducido a marchas forzadas durante la crisis.